El conflicto en la provincia de Chubut, ante los ataques incendiarios que se adjudican a grupos violentos que reivindican la lucha de los mapuches, y el rol del gobierno nacional en esta coyuntura, mostró, una vez más, las diferencias internas que existen en el Frente de Todos.
Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, marcó distancia de la Casa Rosada, que planteó mediante una carta que patrullar zonas afectadas por los ataques no le corresponde a Nación. “No tengo ninguna duda de que el Estado tiene que mandar tropas a la Patagonia”, declaró el funcionario de Axel Kicillof a Radio del Plata.
Desde su visión, el debate pasa por si “es una acción vandálica o terrorismo”. “Cuando el bien vulnerado que se ha atacado es la vida, hablamos de homicidios. Cuando el bien vulnerado es la libertad, hablamos de secuestro... Y cuando el bien tutelado es la paz social, hablamos de terrorismo; no hay que siquiera dudarlo”.
Berni reclamó también que el Estado coloque “todo el esfuerzo” para “terminar con este tipo de acciones”. Y habló de lo que realizó como secretario de Seguridad ante un conflicto similar: “Me fui a Bariloche, me comprometí a trabajar, hubo varias detenciones y no tuvimos más problemas”.
A su vez, recomendó: “En esto no hay que analizar muchas cosas. Hay que recorrer la zona sur, la zona donde se ha enfocado el conflicto, y van a entender que la paz social está alterada, la gente tiene temor. Otra definición del terrorismo es infundir ideas a través del temor de la población y en toda esa zona la gente está atemorizada porque cree que le puede pasar en cualquier momento lo mismo que a otras personas”.
Otro de los dirigentes del Frente de Todos que se expresaron sobre el tema fue Oscar Parrilli, senador nacional. Consideró, ante FM La Patriada, por un lado, que “donde hay un delito hay que reprimirlo, la fuerza de la Justicia tiene que actuar y no se pueden permitir hechos delictivos ni de violencias” pero, por otro, cuestionó la asociación entre la comunidad mapuche y la violencia: “Yo conozco y tengo amigos de la comunidad mapuche y no son violentos para nada”.
“Tienen sus reivindicaciones, unos con mayor trayectoria, otros con menos, pero son parte de los pueblos originarios de lo que somos los argentinos”, sostuvo y advirtió: “De ahí a decir que todo el pueblo mapuche es violento, no. Lo dicen quienes no conocen la realidad. Es como decir que porque hubo un médico femicida, todos los médicos son iguales”.
Cabe recordar que luego del ataque incendiario contra el Club Andino Piltriquitrón, de la localidad de El Bolsón, Río Negro, la gobernadora Arabela Carreras le reclamó al gobierno nacional el envío de fuerzas federales para reforzar el control de las rutas.
“No estoy pidiendo un favor, estoy exigiendo que las competencias se ejerzan como corresponde”, manifestó la mandataria, lo que generó una rápida respuesta de Alberto Fernández. El Jefe de Estado le aclaró que “es la propia Ley 24.059 de Seguridad Interior la que define que las fuerzas federales y provinciales actuarán en conjunto cuando se encuentren empeñadas en el restablecimiento de la seguridad interior”. E inmediatamente dejó en claro que “no es este el caso ni mucho menos. Es por ello que sería aconsejable que, en uso del poder de policía que le otorga la Constitución de Río Negro, se pueda formar un cuerpo específico que se ocupe de los refuerzos del control y mayor seguridad en el futuro”.
Aníbal: “Está todo a la buena de Dios”
El conflicto por la presencia de fuerzas federales en Río Negro generó un reproche del ministro de Seguridad Aníbal Fernández hacia la gobernadora Arabela Carreras. Para Fernández, desde la Casa Rosada siempre buscaron “colaborar de la mejor manera que se pueda para evitar zozobras o preocupaciones en el pueblo rionegrino, que está fumándose lo que está sucediendo en estos casos con violencia, por lo que tendrían que haber actuado las fuerzas policiales, más sabiendo que esa es la región”.
El funcionario explicó que el Gobierno debe intervenir solamente cuando la provincia “tiene complicaciones severas en su institucionalidad”, y en estos casos “cada una de las provincias lo tiene que ir resolviendo de la mejor manera”. Además, indicó que los hechos “no se pueden considerar como la búsqueda de reivindicación de un derecho, sino como un delito, y lo tiene que perseguir la Justicia provincial y sancionar a los responsables”.
Y dijo que Carreras no cumple con ciertas responsabilidades: “Alguien tendría que haber estado preparado para ello y nadie está: está todo a la buena de Dios. Hasta que no llegara la Gendarmería a patrullar... La gobernadora no puede obviar que le tocan responsabilidades que no las está cumpliendo”.
