Propietarios y habitantes de la localidad de Añelo, en Neuquén, expresaron su descontento con los gobiernos nacional y provincial por la firma de un convenio que busca realizar un relevamiento territorial que incluye a las comunidades mapuches. Los firmantes argumentan que no existían antes del 2006 y que son "oportunistas" que buscan tierras. Desde la Confederación Mapuche de Neuquén les contestaron y expresaron a PERFIL que "son terratenientes" que no quieren que el estado delimite tierras de uso comunitario. También afirmaron que desde su organización sólo buscan la aplicación de las leyes.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el gobierno de Neuquén rubricaron el pasado viernes un convenio para llevar adelante el relevamiento territorial previsto en la ley 26.160. El acuerdo generó el descontento de algunos habitantes de Añelo que mediante un escrito al gobernador Omar Gutiérrez solicitaron que "se realicen los relevamientos territoriales a aquellas comunidades reconocidas antes del año 2006, y dado que a esa fecha no existían en nuestro departamento pedimos que no se realicen relevamientos territoriales en el Departamento de Añelo".
Para darle entidad jurídica a su reclamo, se plegaron a un pasaje de la citada ley donde se explicita que la revisión debe llevarse a cabo con las comunidades originarias reconocidas hasta el año 2006. Por eso aseguraron que "antes de Vaca Muerta no existían las comunidades mapuches" y de manera dura aseguraron que "nacen como hongos justamente debajo de los nuevos pozos de petróleo".
En el marco de los incendios que se produjeron a kilómetros de Añelo, en la provincia de Río Negro, y que de acuerdo a la gobernadora local Arabela Carreras habrían sido ejecutados por la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), la tensión con estas comunidades se trasladó también a Neuquén.
"Es claro el engaño. Así y todo, mediante acciones extorsivas, algunas de ellas hasta han conseguido personería jurídica que usan como carnet que los habilita a delinquir y violentar", manifiestan empresarios y propietarios de Añelo de acuerdo a la cita del medio local RN.
La respuesta de los mapuches
Consultados por PERFIL, desde la Confederación Mapuche de Neuquén resumieron que hay un conflicto de intereses de quienes reclaman y expresaron que "los asusta que el estado participe y que delimiten las tierras de uso comunitario". Esta confederación participó del acuerdo entre provincia y Nación prestando conformidad por los seis Consejos Zonales de la Confederación Mapuche de Neuquén.
El abogado de la organización, Lefxaru Nawel, manifestó que el reclamo de los propietarios es "antijurídico" y afirmó que los vecinos del lugar están "codo a codo" con ellos, explicando que la carta fue realizada por "terratenientes". "La salida a estos conflictos es la aplicación de las leyes", le dijo a este medio. También se plegó a la Constitución Nacional y sostuvo que el relevamiento es un derecho consagrado de la ley suprema de la Nación que tiene 30 años.
"Hay una falta de aplicación total de estas leyes y creemos que la salida tiene que ser mediante la ley para que valide que no haya mayores daños", dijo Nawel apelando a la ley comunitaria. "Queremos una salida en el marco democrático que ampare todos nuestros derechos", subrayó.
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"Los terratenientes promueven la violencia racial"
En el texto dirigido a Gutiérrez, los firmantes en contra del relevamiento expresaron ser "respetuosos de las genuinas comunidades mapuches" pero subrayaron que no aceptan a "aquellos oportunistas que simulan lo que no son y pretenden quedarse con el fruto del trabajo de tres o cuatro generaciones".
También acusaron a la Confederación Mapuche de tener intereses políticos y económicos, agregando que en diversas ocasiones utilizaron a los pobladores criollos a ejercer la violencia. Por ello escribieron que la organización llevó adelante "violentos reclamos y tomas de tierras de propiedad privada o de legitima posesión amparándose en la farsa de ser comunidades ancestrales".
Nawel desmintió estas acusaciones y manifestó que desde el inicio de los reclamos "jamás hubo una persona lastimada" y que los propietarios promueven "la violencia racial y el odio hacia el pueblo mapuche" además de desconocer sus reclamos legítimos. En esa línea, expresó que quienes reclaman en la provincia están plegados a representantes nacionales como la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, o el Auditor General de la Nación, Miguel Pichetto. "Pichetto hace promoción del odio y ocupa un alto cargo jerárquico, por eso nosotros lo hemos denunciado en el INADI", sostuvo.
FL
