Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) emitieron sendos comunicados sobre las tomas de tierras de productores agropecuarios por parte de grupos autoidentificados como mapuches.
“En el presente, los hechos vandálicos se han multiplicado y agravado, por su violencia e irracionalidad, poniendo en peligro, la paz social, la vida y el trabajo de la población honesta y laboriosa de la Patagonia. Ante la gravedad de los hechos, primero ha sido la Justicia (salvo pocas excepciones) que no ha dado respuestas adecuadas, rápidas y certeras, permitiendo con su pasividad que los casos puestos a su arbitrio, resulten morosamente tratados, sin respuestas agiles y prolongando, cuando no aumentando, la conflictividad”, sostiene CRA.
Mapuches mantienen la toma de un campo de productores en Vaca Muerta.
Desde la entidad apuntaron al Gobierno Nacional alegando que “ausente de su rol institucional, ha prestado, por acción u omisión, apoyo logístico, económico e ideológico, estableciendo en algunos casos mesas de diálogo, que solo logran estirar hasta el infinito las usurpaciones, consolidando la ejecución de hecho de intrusiones en los campos, dilatando su resolución y eludiendo la definición categórica, de donde está el derecho y que limites son infranqueables frente a la propiedad privada”.
En el mismo sentido, la Sociedad Rural Argentina manifestó que “la política juega un papel vergonzoso, utilizando recursos de todos los argentinos para apoyar técnica y materialmente las usurpaciones y la violencia de quienes justamente dicen no ser argentinos y le declaran la guerra al Estado Nacional”.
“El Estado, los gobiernos y la justicia deben atender los reclamos de aquellas comunidades y personas que necesitan soluciones ante problemas urgentes, en el marco de la Constitución y de las leyes, sin confundir la violencia con la paz”, consideran desde la SRA.
Escalada
Según Leonardo Jones, presidente de la Sociedad Rural de Esquel, en la provincia de Chubut, "no son de ahora las usurpaciones y actos violencias derivados de las reivindicaciones de supuestos descendientes de mapuches. Empezaron hace 6 a 7 años y son parte de estrictamente del mismo fenómeno que también sucede en Río Negro, Neuquén y Chile, ya que en muchos casos tienen a las mismas personas en los dos lados de la Cordillera".
Para Jones, los responsables de las tomas y hechos violentos "son grupos radicalizados que no reconocen a los estados argentino y chileno y declaran la guerra para lograr una nación mapuche".
El dirigente rural hace una diferenciación entre los grupos de mapuches: "El Estado les debe una respuesta y revindicación para sacarlos de la marginalidad y postergación. Está lleno de personas paćficias que lo reclaman y se involucran con el resto de la sociedad. Por otro lado está este grupo de violentos y la dirigencia debe separar eso, ya que se genera miedo y hay que llamarlos como actos de terrorismo. No usurpan y se quedan tranquilos, sino que empiezan a cometer actos de violencia en los caminos".
Jones concluye que "los recursos del Estado debieran ser puestos para saldar esas diferencias pero no apoyar a las personas que cortan rutas, atan a un puestero y simulan un asesinato".
LM
