A contramano de quienes piden la represión y el desalojo de las comunidades Mapuche, el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Argentina reconoce a los indígenas como pueblos preexistentes y obliga al Estado a entregar tierras aptas para su supervivencia, al mismo tiempo que la Ley 26.160 impide desde 2006 los desalojos. Hoy, el conflicto se origina en el interés económico del sector inmobiliario, turístico, minero y agrícola-ganadero por ocupar las tierras de los pueblos originarios. El debate público precisa que los medios nacionales acerquen sus micrófonos a los Mapuche, mientras que la globalización plurinacional del siglo XXI exige más y mejor política.
La Patagonia queda lejos de la Ciudad de Buenos Aires y, más lejos aún, de sus medios de comunicación que miran la realidad desde el centralismo porteño. Es la única explicación posible para entender por qué todavía no se escuchan voces indígenas para explicar el mal llamado “conflicto Mapuche”. Decimos que es equivocado llamarlo así porque los Mapuche no son el conflicto, el conflicto es del Estado Nación argentino: de nuestro país, nuestra nación y nuestro Estado, que se fundó sobre la base de un genocidio. Estar orgulloso de esta tierra no implica desconocer los errores del pasado.
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Refutando a quienes piden represión para mover a los Mapuche de sus tierras, el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Argentina es bastante claro en “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”, es decir, existen desde antes de la independencia del Estado argentino en 1816. Pero, más importante aún, también señala su necesidad de tierras: “Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
Como si un artículo de la Constitución fuera insuficiente, el 1° de noviembre de 2006, durante el Gobierno de Néstor Kirchner, se sancionó la Ley de Emergencia Territorial Indígena N° 26.160 que declara la emergencia territorial de las comunidades originarias y, en su artículo 2, suspende “la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras”. No es menor señalar que esta Ley de Emergencia fue prorrogada en 2009 y 2013 durante el primer y segundo mandato de Cristina Kirchner, y en 2017 bajo el gobierno de Mauricio Macri. Esto significa que la ley goza de un consenso pocas veces visto, dado que ha tenido el apoyo de tres presidentes de la República y de cuatro cuerpos legislativos que la votaron por unanimidad.
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Como ordena la Ley 26.160, el Poder Judicial no puede autorizar el desalojo o la desocupación de las tierras que tradicionalmente ocupan. Resta aún cumplir con el segundo objetivo de la ley: realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral sobre las tierras que habitan las comunidades indígenas. Para ello es necesario que el Estado argentino destine recursos económicos. Según un Informe de Amnistía Internacional, a 13 años de su sanción solo se ejecutó un 57% de los relevamientos y apenas el 38% fue concluido.
Al desinterés de los gobiernos para completar este relevamiento se suma también el interés de las empresas del sector inmobiliario, turístico, minero y agrícola-ganadero por ocupar los territorios indígenas para usufructuarlos. Son lógicas antagónicas: mientras los pueblos originarios necesitan a la tierra para vivir, el capital económico utiliza la tierra para generar ganancias.
Desde la mirada occidental, es probable que muchos ciudadanos y ciudadanas valoren la lógica del capital. La pregunta es qué pensarían si mientras van al supermercado a hacer las compras, sus departamentos fueran ocupados por personas que aseguran haber comprado esa vivienda. Y que luego, el discurso del usurpador saliera en los medios de comunicación diciendo que el dueño legítimo es un violento que le quiere quitar su propiedad.
De este modo, lo que en los medios porteños aparece como “conflicto Mapuche” o se equipara con una “toma de tierras” en el Conurbano bonaerense, para el Pueblo Mapuche forma parte de un proceso de recuperación territorial que pone fin a una usurpación. Y a la lógica de la ganancia, oponen la lógica de la Ñuke Mapu (Madre Tierra, en mapudungún) y de sus ancestros: “Vamos a resistir hasta la última gota de sangre en el territorio por la memoria de todos nuestros weichafes. Por la memoria de Rafita Nahuel”.
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Esto es lo que intenta explicar y traducir desde Río Negro el periodista Santiago Rey, una de las voces más respetadas para explicar el conflicto: “Lo que sí hay es intereses inmobiliarios y turísticos dentro del parque Nacional Nahuel Huapi y en la zona cordillerana patagónica. Tienen un enorme valor en temas turísticos, paisajísticos y energéticos. Y no hay nadie que defienda con más ahínco el estado natural que tiene la región como el Pueblo Mapuche, que es un pueblo perteneciente a esta tierra. No son los negocios inmobiliarios y, mucho menos, las empresas extractivistas y energéticas quienes protegen el medio ambiente. Por el contrario son estas comunidades Mapuche las que se han ido erigiendo en defensores de este territorio”.
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Y estos son los discursos que hoy no están circulando en el debate público. Y que son necesarios escuchar. Menos presentes aún están las propias voces Mapuche. En su programa de radio del 31 de agosto, Ernesto Tenembaum optó por darle un enfoque diferente a las tomas de tierras en el Conurbano: entrevistó a Ana Rolón, una mujer que está ocupando un terreno en Guernica junto a sus hijos. “A mí me avergüenza como periodista, como argentino y como persona que vos tengas que vivir la situación que estás viviendo. Me da un dolor terrible y me parece que todo el mundo debería escuchar esta nota y sensibilizarse, habla muy mal de nuestra sociedad que vos estés teniendo que explicar lo obvio”, despidió el periodista a la entrevistada. ¿Cuánto más se enriquecería el debate si los medios y periodistas porteños recogieran los testimonios de los líderes y lideresas del Pueblo Mapuche, y sus comunidades en resistencia? ¿Cuánto más se enriquecería el debate público si el periodismo se preguntara si es justo que el Grupo Benetton tenga más de 900.000 hectáreas, es decir, 40 veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires?
El conflicto que el Estado argentino y los sectores empresariales tienen con el Pueblo Mapuche por la ocupación de sus territorios es complejo. Porque para los pueblos originarios la tierra es la vida. Y el intento de simplificar el problema criminalizando a las comunidades no ayuda. Al contrario, agrava el conflicto. En 2017, el entonces Gobierno promovió el debate público en torno al “terrorismo mapuche”: construyó un enemigo interno junto a medios y periodistas afines que intentaron legitimar la represión de Gendarmería y Prefectura. Esa estrategia terminó con las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. A la luz de estos acontecimientos, el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, deberían repensar sus declaraciones.
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Por el contrario, quien sí parece comprender la complejidad del conflicto es el Presidente Alberto Fernández. En su extensa entrevista en “A dos voces”, el periodista Marcelo Bonelli le consultó por los “ocupas” y los “vivos” del sur, ante lo cual el Presidente respondió: “La discusión es mucho más compleja. Y como quiero ser riguroso, soy cuidadoso. Nosotros tenemos un sistema legal que le reconoce a los pueblos originarios derechos. Y hay muchos pueblos originarios que dicen haber sido excluidos de las tierras donde originalmente estaban. Ese es un tema que hay que resolver. Y no se resuelve con violencia de ningún lado. Ni ocupando ni sacándolos a patadas. Hay que evitar la ocupación, claramente hay que evitarla. Y tampoco la solución es sacarlos a patadas como algunos quieren”. Esta visión se refleja en “el camino del diálogo” propuesto por la Ministra de Seguridad Sabina Frederic, quien también es Doctora en Antropología Social. La mirada es compartida por la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, que como Senadora por Río Negro en 2018 presentó un proyecto de Ley de Propiedad Comunitaria Indígena. ¿El Presidente que declaró a internet como servicio público y decretó el cupo laboral trans, impulsará este proyecto de ley? ¿La prensa lo discutirá como posible solución a un conflicto histórico?
Al igual que el resto de Latinoamérica, el Estado nación argentino se construyó bajó la muerte y usurpación de tierras indígenas. Es un conflicto que lleva, por lo menos, dos siglos. Y es falso pensar que apareció en los últimos años. Al contrario: en los últimos años estamos observando el resultado de esconder durante décadas el conflicto. Y también estamos presenciando las consecuencias de las nuevas usurpaciones de tierras de las empresas transnacionales y las inmobiliarias con el aval del Estado nacional y provincial.
¿Cuánto más se enriquecería el debate público si el periodismo se preguntara si es justo que el Grupo Benetton tenga más de 900.000 hectáreas, es decir, 40 veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires?
Pensar que la solución es la represión es un debate pre-moderno. Además de haber demostrado su ineficacia. Lejos de las balas, la globalización plurinacional del siglo XXI exige más y mejor política. Más y mejor diálogo. No menos. La represión y la cárcel agravan el conflicto, como bien se observa del otro lado de la Cordillera de los Andes. El Estado argentino tiene aún tiempo para evitar que el conflicto escale, conformar mesas de diálogo, completar el relevamiento de las tierras indígenas que exige la Ley 26.160 y gestionar la entrega de tierras aptas para el desarrollo de los pueblos originarios que señala la Constitución Nacional.
* Magister en Ciencia Política y Sociología por Flacso Argentina, editor general de la revista Debates Indígenas y compilador del libro “Hacia un periodismo indígena”.
