En medio de la declaración indagatoria que debe prestar la expresidenta Cristina Kirchner en Comodoro Py, el periodista Marcelo Longobardi realizó una editorial con duras críticas a los cruces por la transmisión en vivo del juicio en la que se la acusa a la senadora de ser "jefa de asociación ilícita" en el otorgamiento de la obra pública en la que Lázaro Báez habría sido el mayor beneficiado.
"Cristina Kirchner pretende convertir la declaración indagatoria en un alegato político. Esto es, no le contesto a los fiscales y exhibo esta tesis: soy una víctima de persecución encabezada por los medios, la Justicia y por (Mauricio) Macri", lanzó Longobardi en su programa radial en Mitre.
En ese sentido, sobre la pelea por la transmisión en vivo del juicio a Fernández de Kirchner, acusó al kirchnerismo de tener una "gran habilidad para convertir una cosa en otra" y agregó: "La no transmisión no tiene nada que ver con la persecución". Además, Longobardi consideró que "si el tema es tan importante para ellos, tendrían que haber ofrecido una conferencia de prensa cuando termina la indagatoria".
Fernández de Kirchner llegó pasadas las 9.30 de este lunes 2 de diciembre a Comodoro Py, ocho días antes de que asuma ese cargo, en la Sala AMIA de los tribunales federales de Retiro, pero no se transmitirá en vivo como ella pretendía. El Tribunal Oral Federal 2, a cargo del caso, rechazó esta mañana un nuevo pedido que la defensa de la senadora nacional había realizado para que la indagatoria sea emitida en directo.
En el juicio se acusa a la vicepresidenta electa de haber "perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país" en su "carácter de presidente de la Nación, entre el 10 de diciembre de 2007 y el 9 de diciembre de 2015".
Además de Cristina Kirchner y Lázaro Báez hay otros 11 acusados, entre ellos, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas, José López. El caso fue instruido por el juez Julián Ercolini quien procesó a Cristina en diciembre de 2016, cuando también le trabó un embargo por 10 mil millones de pesos.
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