Mientras que el tratamiento del régimen previsional buscará avanzar esta semana en el Senado, con la reforma judicial todavía hay más desconocimiento. Sin embargo, en la intención de licuar el poder de los jueces federales de Comodoro Py, todo indica que se federalizarían unos treinta juzgados de instrucción del fuero “ordinario” que hoy están vacantes.
El movimiento haría que al federalizar esas dependencias quienes concursen para ocupar esas plazas ya lo hagan para jueces federales. Se trata de un cambio sustancial. Porque no “federalizaría” magistrados “ordinarios”, sino que comenzaría casi de cero. El movimiento permitiría eludir un problema con la Corte Suprema, que en marzo de 2018 volvió para atrás con la federalización de Tribunales Orales Criminales, obligando incluso a que debieran volver a sortearse varias causas (entre ellas algunas que involucraban a CFK).
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Quienes comiencen la eventual carrera para esas vacantes contarán con condiciones desfavorables en comparación con sus pares que ya están en el fuero. Porque por ley, los magistrados que juran a partir del 1º de enero de 2017 están obligados al pago de Ganancias, algo de lo que están exceptuados la mayoría de los federales de Comodoro Py (donde desde esa fecha solo asumieron Mariano Llorens y María Eugenia Capuchetti).
“Pagando Ganancias y con un régimen adverso en lo previsional, convertirse en uno va a traer más esfuerzo que beneficios”, detalló una fuente. La mayoría de las voces consultadas coincide en que este no solo será el único punto de diferencias entre uno y otro sector, sino que además con los alcances de la reforma jubilatoria en las distintas categoría de judiciales, hay un claro malestar que también tendrá su correlato en el trámite de la Justicia. “Desde que dicen que ser judicial es como tener sarna y con que plantean que en Tribunales se trabajan apenas seis horas cuando todos saben que esto no es así en la realidad, ¿cómo te creés que va a trabajar una persona a la que le tocan sus condiciones de trabajo y encima la hacen quedar ante la opinión pública como una vaga?”, se preguntó alguien que conoce bien el manejo de Tribunales.
Quienes trabajan en la Justicia desde hace años resaltan que “no se está viendo que la gente en el Poder Judicial trabaja con vocación y que no es todo por plata”. Un punto en el que desde el comienzo de la polémica aparición del proyecto de ley de reformas jubilatorias se hizo hincapié. Fue cuando, ante el avance del Ejecutivo, desde los distintos sectores de la Justicia se explicó que desde diciembre estaban en tratativas con el oficialismo para consensuar cambios y por eso se sorprendieron cuando este, sin previo aviso, salió con un escrito cuyas condiciones eran diametralmente opuestas a lo que se venía hablando.
“Ese movimiento solo se explica por el afán de la política de no quedar como los peores, sino crear un enemigo público frente a la sociedad, cuya visión de la Justicia ya está de por sí muy desgastada”, resumió una de las fuentes consultadas. El hecho despertó tanto malestar que quienes ironizan sobre la avanzada del Ejecutivo aseguran que “Alberto Fernández logró cerrar la grieta, en tribunales lo insultan todos”.
Sin mayoría especial, el oficialismo deberá cubrir cargos judiciales
En el contexto de bruscos cambios que se registran y se avecinan en el mundo judicial, el estratégico Consejo de la Magistratura se volverá, con el correr de los próximos días y semanas, aún mucho más central de lo que es habitualmente. Se trata del órgano que no solo se encarga de encaminar el proceso de selección de jueces sino también el que tiene el poder de enviarlos a juicio político. Conformado por trece miembros de distintos estamentos –Legislativo, Ejecutivo, abogados y académicos–, en el organismo el oficialismo cuenta con mayoría a su favor. Sin embargo, los números que tiene no le alcanzan para las mayorías especiales para votar ternas de magistrados (para ocupar vacantes libres) así como tampoco para enviar a un juez a juicio político. Dos aspectos centrales del funcionamiento del organismo y los movimientos políticos.
En el bloque oficialista y con aliados, se ubican siete de los integrantes del organismo, mientras que en la oposición están los seis restantes. Para las mayorías se necesitan nueve votos y, de momento, el albertismo carece de ellos. Sin embargo, y dependiendo del tema, en que pueden necesitar uno o dos votos, deberían ir viendo con quién negociar. Independientemente de los cambios que se suceden con los anuncios de la reforma previsional que alcanza a magistrados y podría dejar un alto número de vacantes y de la anunciada reforma judicial, que generaron y generarán fuertes cimbronazos en el Consejo, el organismo ya tiene abiertos varios concursos claves sobre los que avanzar.
Por un lado, está abierto el concurso con el que se podrían cubrir las vacantes de estratégicos juzgados federales de Comodoro Py, como el que dejó Sergio Torres, al momento de asumir como juez de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, así como el que se abrió con la muerte de Claudio Bonadio. Y al que eventualmente podría sumarse el de Daniel Rafecas, ya que si bien todo indica que irá rumbo a la Procuración General de la Nación, en caso de no conseguir los votos en el Senado partirá hacia la Cámara Nacional de Casación, para donde había sido elegido por el macrismo. Así que de un modo u otro el juzgado federal 3, que ocupa desde 2004, también quedará libre. A ese escenario podría eventualmente sumarse el despacho de Rodolfo Canicoba Corral, que cumple 75 años y para poder continuar en su cargo debería conseguir aval de la Cámara alta.
El Consejo también tiene abierto el concurso para cubrir las vacantes en la aún más estratégica Cámara Federal de Apelaciones, que en la actualidad tiene dos vacantes, pero que podría tener más de avanzar el proceso de jubilaciones que esta semana tratará el Senado.
