En 2003 Correo Argentino S.A., la empresa de Franco Macri, se presentó a concurso de quiebra a tan solo pocos días de que asumiera Néstor Kirchner como presidente. Y el juez Favier Dubois lo decretó e impidió salir del país a toda la familia Macri como a quienes formaban parte del directorio de Sideco.
En ese mismo año, la deuda de Correo Argentino era de $296.205.376, y el Estado rechazó propuestas de pago del 7,7% y del 5,73% de la deuda, o sea, quitas del 92,3% y del 94,27%. Durante 14 años estuvo presente la deuda en Tribunales. Recién a mediados del año pasado, el Estado argentino aceptó la propuesta de pago de la empresa quebrada.
A esa audiencia, solicitada por el Estado, concurrieron los representantes de Correo Argentino, los síndicos y dos representantes del Estado Nacional: Juan Carlos Mocoroa, Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación y María Alejandra Gottardi. Lo notable de esta reunión es que Mocoroa, quien se presentó en nombre del Estado, fue designado en forma transitoria por 180 días por la Decisión Administrativa 151/16, firmada el 2 de marzo de 2016 por Marcos Peña y Oscar Aguad.
Según indica la página del Ministerio Público Fiscal, Mauricio Macri, habría condonado las deudas de su propia familia, aceptando una quita de 70.163 millones de pesos, un 98,82%. Ahora deberán solo pagar el 1,18% de la deuda. También les adjudicaron un prudente tiempo de pago para el porcentaje restante: tendrán hasta el 2033 para cancelar la deuda.
Es por ello que la fiscal general Gabriela Boquin, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sostuvo -siempre según lo publicado en la página de la Procuración- que Mocoroa no tenía las facultad para tomar ninguna decisión en esa audiencia en nombre del Estado ya que para eso necesitaba una autorización de la Procuración del Tesoro. Autorización que jamás presentó. Y solicitó que se debe de investigar si la aceptación de esta propuesta fue por propia negligencia del funcionario o fue por orden de sus superiores.
"La familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana SA, controlante de Sideco Americana SA, quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino SA", resaltó en su escrito.
No obstante, Boquín reseñó que, durante el concurso, el juez requirió información sobre la participación de Franco Macri en la compañía y la empresa contestó que el padre del presidente de la Nación no es directivo de Correo Argentino SA ni ocupa cargos gerenciales.
El Estado Nacional, para la fiscal Boquín, aceptó de forma irregular una propuesta de pago de deuda que “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”. Es que según las actualizaciones que hizo la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, esa deuda en el 2017 supera los 4 mil millones de pesos. Pero para cuando se finalice el plan de pagos en el 2033 da una suma de más de 70 mil millones de pesos. Esto es la mitad de lo que se destina a Educación y supera el gasto en Salud del Estado.
