El juicio oral y público por la firma del Memorándum con Irán tendrá a tres funcionarios de alto rango del gobierno de Alberto Fernández en el banquillo de los acusados. Además de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y el número dos del Ministerio de Justicia, Juan Martín Mena, están entre los acusados. El caso marcará otro hito en la Justicia Federal, pero hasta el momento, se demora en llegar.
El expediente que instruyó el juez Claudio Bonadio fue elevado a juicio oral en marzo de 2018, pero el tribunal está lejos de fijar una fecha de inicio. Espera poder hacerlo después de la feria de invierno de 2020, estimaron fuentes judiciales ante la consulta de PERFIL.
Aún no se comenzó a analizar la prueba complementaria propuesta por la fiscalía y las defensas para dar la forma final al caso que se llevará adelante en el debate, confirmaron dos fuentes del expediente. El Tribunal Oral Federal Nº 8 acusa falta de personal. Tiene apenas tres personas para ocuparse del caso, alegaron.
El desafío de los acusadores es demostrar que la firma del Memorándum implicó un supuesto encubrimiento a favor de los iraníes acusados de ordenar el atentado a la mutual judía AMIA en 1994. El origen del caso es la denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman, cuatro días antes de aparecer sin vida en su departamento.
El tribunal aún no aprobó ninguna de las medidas de prueba complementarias que solicitaron la fiscalía y las defensas. Espera hacerlo durante la primera mitad del próximo año, sostuvieron muy cerca de los jueces. Esta fase del juicio es una especie de pre-juicio, explican, y es central para el futuro de los imputados.
Pruebas. El 13 de agosto de 2018, la fiscalía a cargo de Marcelo Colombo presentó una larga lista de pruebas complementarias para que el tribunal realice antes del juicio, de acuerdo al documento al que accedió PERFIL. Incluye citar a 46 personas que ya declararon ante Bonadio y que el fiscal quiere volver a interrogar.
También incluye a otros 35 testigos que nunca fueron citados en la instrucción del expediente, entre ellos miembros de los grupos de familiares de las víctimas del atentado; los secretarios letrados que trabajaron en la denuncia de Nisman y en la causa AMIA; y hasta el ex espía Jaime Stiuso, entre otros miembros de la ex SIDE.
Fiscalía y defensas también coinciden en que el tribunal debe citar a Rodolfo Canicoba Corral, juez de la investigación de la voladura de 1994; además del entonces secretario general de Interpol, Ronald Noble; y Joël Sollier, consejero jurídico de esa secretaría general cuando se firmó del Memorándum, en 2013.
Dentro de las medidas anticipadas, los abogados del fallecido ex canciller Héctor Timerman habían solicitado al tribunal que cite a 58 testigos, incluyendo a Noble y Sollier.
La defensa de Zannini también solicitó las declaraciones anticipadas de los ex miembros de Interpol. De acuerdo a una fuente del tribunal, los jueces harían lugar a estas declaraciones, que estiman tengan lugar en el primer trimestre de 2020.
Para los funcionarios imputados se trata de testimonios clave en torno a uno de los puntos de la denuncia del fiscal Nisman: la supuesta intención del gobierno de dejar caer las órdenes de captura contra los iraníes.
Los pedidos de la fiscalía de juicio también incluyen una larga lista de documentos judiciales, diplomáticos y oficiales que no están en el expediente y que podrían ser prueba.
Una de las dos querellas es otro punto de conflicto. “La continuidad de DAIA en la querella está bajo análisis, algunas afiliadas piden una asamblea” para votar qué posición debe tomar la entidad en el caso del Memorándum, informó una autoridad de la entidad judía.
