El decreto de necesidad y urgencia 941/2025, publicado en el Boletín Oficial a fines de 2025, introdujo cambios estructurales en el Sistema de Inteligencia Nacional y en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Se trata de una de las reformas institucionales más sensibles impulsadas por el gobierno de Javier Milei en el inicio de 2026, tanto por el alcance de las modificaciones como por el peso histórico que tienen los organismos de inteligencia en la vida política argentina. Para Miguel Ángel Toma, exsecretario de Inteligencia, la iniciativa no solo es desacertada, sino también peligrosa: “Desde el punto de vista técnico y legal, es un mamarracho”, sentenció.
En una entrevista en el programa Modo Fontevecchia, por Net TV, Toma fue categórico al analizar el decreto. Lo calificó como ineficiente, burocrático y mal concebido, y sostuvo que lejos de modernizar el sistema, lo vuelve más opaco y difícil de controlar. “Los cambios en la SIDE son un mamarracho. No hacen más eficiente al sistema, lo burocratizan y generan estructuras con autonomía funcional y tecnológica que dificultan el control político”, afirmó.
La opinión de Toma no es la de un observador ajeno al tema. Abogado, exdiputado nacional por el peronismo y con una extensa trayectoria en el ámbito institucional, fue secretario de Inteligencia del Estado entre 2001 y 2002, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, en uno de los momentos más críticos de la historia reciente. Además, presidió la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y fue uno de los impulsores centrales de la Ley de Inteligencia Nacional 25.520, sancionada en 2001.
Desde esa experiencia, Toma cuestionó con dureza la decisión del Gobierno de modificar por decreto una ley que, según recordó, fue producto de un consenso político excepcional. “Yo era opositor en ese momento y presidía la Comisión Bicameral. Trabajamos durante un año convocando a todos los sectores con representación parlamentaria. La ley salió por unanimidad y derogó toda la legislación anterior: bandos militares, decretos secretos y decretos-ley de la dictadura”, explicó. Para el exfuncionario, recurrir a un DNU para alterar ese marco normativo “no es una buena señal” y refleja una falta de voluntad de debate democrático.
En ese sentido, sostuvo que el Gobierno debió haber impulsado una discusión amplia en el Congreso Nacional. “Eso habría disipado muchos de los fantasmas que hoy circulan y que son comprensibles”, señaló. Entre esos temores, mencionó el riesgo de una ampliación del espionaje interno, la persecución de opositores y el avance hacia un esquema de Estado policial.
Consultado sobre esos planteos, Toma reconoció que no surgen solo del contenido del decreto, sino de la historia reciente del país. “La Argentina viene de un proceso prolongado de utilización de las metodologías de inteligencia para el espionaje interno y como mecanismo de control y represión social”, afirmó, y apuntó directamente contra el kirchnerismo. Según su análisis, durante esos gobiernos se desestructuró la inteligencia civil para montar una inteligencia ilegal y paralela con fuerte impronta militar.
“En nombre del progresismo y de la defensa de los derechos humanos se construyó una estructura de control y represión social, como en las peores épocas del terrorismo de Estado”, sostuvo. Para Toma, esa es “la gran hipocresía de los populismos y de los autoritarismos pseudoprogresistas” que marcaron las últimas dos décadas, con prácticas como el espionaje interno, el carpetazo y la persecución de opositores, empresarios, curas y dirigentes sociales.
Lejos de romper con esa tradición, el DNU 941/2025, según el exsecretario de Inteligencia, refuerza esa percepción autoritaria. “No porque necesariamente se vaya a ejercer de ese modo, sino porque el instrumento elegido y la redacción del decreto alimentan esa cultura”, explicó. En particular, criticó la creación de nuevas agencias con autonomía funcional y tecnológica, lo que a su entender fragmenta el sistema y dificulta la construcción de un organigrama claro que permita su fiscalización efectiva.
Miguel Ángel Toma también cuestionó la inclusión de facultades que ya están contempladas en la legislación vigente. “Si un civil tiene la posibilidad de neutralizar a alguien que está cometiendo un delito, la ley ya lo protege. ¿Para qué incluir eso en un decreto y otorgarle esa potestad a un oficial de inteligencia?”, se preguntó el exsecretario de Inteligencia. Para el exfuncionario, ese tipo de disposiciones desvían la discusión hacia debates inconsistentes y ajenos a las verdaderas necesidades del país.
“En lugar de discutir cómo construir una inteligencia más ágil y eficaz para enfrentar el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando de armas o la penetración de Estados narco, estamos discutiendo palabras”, afirmó. En ese marco, rechazó la polémica en torno al término “encubierto”. “La inteligencia no es encubierta: es secreta por naturaleza, porque debe proteger a los agentes, a las fuentes y a las metodologías”, explicó.
Finalmente, Toma trazó un paralelismo crítico entre el gobierno de Javier Milei y el kirchnerismo. “Ambos comparten una lógica autoritaria”, sostuvo, y cerró con una definición lapidaria sobre el DNU: “Es un error y, además, es malo. No sirve para los fines que debería cumplir una política de inteligencia en un país democrático”.
