"Qué fácil es acusar a esta negra, qué fácil es llenar de mentiras", dijo la dirigente social jujeña Milagro Sala en el tribunal donde este lunes fue condenada a 13 años de prisión por desvío de fondos. La líder de la organización "Tupac Amaru" reclamó que "se termine de una vez este circo, que se termine este hostigamiento de la Justicia y de algunos sectores de la prensa" y señaló a los medios como "los responsables de salir a decir la verdad".
En una fuerte defensa ante los periodistas que se encontraban en la sala del Tribunal en lo Criminal N° 3 de Jujuy, Sala les reclamó “que digan la verdad” de lo que pasa en Jujuy y apuntó contra el gobernador Gerardo Morales, a quien acusó a “cooptar a los jueces”. “Nadie investiga nada, pero sí investigan a la negra, a la coya, a la chorra. Salgan a investigar. Por qué no van a investigar a la casa de [Lello] Sánchez, la cantidad de drogas que tienen", reclamó.
"Que lleven todos los perros que llevan a mi casa y vamos a ver quién es narcotraficante y quién trae la droga a Jujuy" dijo Sala este lunes, acusando a los "queridos periodistas" de ser "parte de la burocracia" y "los responsables de implementar la Justicia" en Jujuy. "Los negros que tenemos una camioneta y una casa somos corruptos y delincuentes", ironizó Sala. "¿Por qué no vamos a ver a los hijos de Gerardo Morales o a los funcionarios, que en menos de tres años ya han cambiado cuatros veces de vehículos?"
"Vayan a ver las tierras que se compraron, las casas. Y ahí vamos a ver quiénes son los corruptos”, dijo a los reporteros en una defensa en la que también acusó al gobierno provincial de "apretar a un montón de testigos, a la familia, para que nos involucren a nosotros".
El Tribunal condenó este lunes a Sala a 13 años de reclusión por el desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas en la causa conocida como "Pibes Villeros". La fiscalía había pedido 22 años de reclusión para la líder de la organización barrial Tupac Amaru por supuestamente defraudar al Estado en 60 millones de pesos cobrados a través de cooperativas para construir viviendas sociales.
El tribunal provincial, integrado por las juezas Alejandra Tolaba, Cecilia Sadir y Ana Carolina Pérez Rojas, consideró probado que la activista argentina fue jefa de una asociación ilícita que cometió extorsión y fraude en perjuicio de la administración pública. Junto a ella estaban imputadas otras 29 personas, entre exfuncionarios y cooperativistas, acusados de los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración y extorsión. Catorce de los imputados fueron absueltos de algunos delitos "por el beneficio de la duda", mientras que el resto fue sentenciado a distintos años de cárcel.
D.S.
