Mientras el sospechado jefe del Ejército, César Milani, peregrina por los juzgados federales de La Rioja y Tucumán proclamando su inocencia, la Casa Rosada salió ayer en su defensa.
El oficial de Inteligencia se presentó ayer ante el juez federal de Tucumán, Raúl Bejas, para negar las acusaciones que lo vinculan con la represión ilegal durante la última dictadura. El mismo impulso espontáneo le surgió el miércoles, cuando llegó al Juzgado Federal de La Rioja y le aseguró al juez Daniel Herrera Piedrabuena que él no tiene nada que ver con la desaparición del conscripto Alberto Ledo ni con los secuestros de Alfredo y Ramón Olivera.
A través de un comunicado de prensa, el Ejército Argentino informó que Milani“se presentó espontáneamente” ante el Juzgado Federal de Tucumán Nº 1 “con la finalidad de ponerse a su total disposición negando absolutamente los presuntos hechos que se le atribuyen a través de algunos medios de comunicación”.
Y al retirarse de los tribunales, se defendió de las acusaciones durante una entrevista a Radio Nacional.
“He venido a hacer una presentación para negar todos y cada uno de los hechos difundidos por algunos medios de comunicación en forma malintencionada y montando una campaña de desprestigio y difamatoria para perjudicar mi trayectoria militar, mi buen nombre y honor, la imagen del Ejército y que, en última instancia, persiguen un fin político, que es perjudicar al Gobierno”, esgrimió el general, quien siendo subteniente tuvo un breve paso por Tucumán durante el Operativo Independencia.
En la radio oficial, Milani reconoció que “hace 36 años” estuvo en Tucumán, cuando tenía 21 años. “Estábamos en una escuela en construcción en la localidad de Monteros con máquinas y equipos viales, y nuestra tarea era reparar caminos cuando sacaban la caña y pintar escuelas. A eso nos dedicamos los cuarenta días”.
“Nunca jamás tuvimos nada que ver con Inteligencia o con la parte operativa o con nada”, se defendió. Paralelamente, Rossi redobló el apoyo al jefe del Ejército al afirmar que la reacción en los medios resultaba “extraña y sorprendente”.
El secretario de Derechos Humanos de La Rioja, Domingo Bordón, sostuvo que “Milani debe ser investigado como corresponde” y por eso anunció que contrató al abogado Bernardo Bugeau, de Tucumán, para que se presente como querellante ante el juzgado tucumano.
Como contrapartida, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, firmó un informe que remitió a la Comisión de Acuerdos del Senado en el que expresa que el jefe del Ejército “no se encuentra procesado en causas por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el terrorismo de Estado”.
El Gobierno quiere que el lunes se apruebe el ascenso de Milani en el Senado. Así, habilitó el fin de semana para que los legisladores puedan consultar todos los antecedentes del jefe del Ejército.
Un grupo de legisladores radicales pidió ayer en Tucumán ampliar la investigación. Mientras que Ricardo Bussi, hijo del ex general Antonio Bussi, dijo que Milani era uno de “los subordinados más comprometidos”.
