Seis de cada diez niñas, niños y adolescentes carecen de garantías para el cumplimento de al menos un derecho básico como el de la alimentación, vivienda digna o educación.
“La pobreza infantil está estancada en torno al 60%, y la indigencia ha mermado levemente”, afirmó a PERFIL Ianina Tuñón, investigadora responsable del Barómetro de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina.
Mientras que a nivel general la indigencia alcanzó el 8,1% de la población durante el tercer trimestre de 2022, en el grupo de niños y adolescentes esta cifra ascendía al 13,1%.
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El último informe del Indec señala que un poco más de la mitad (54,2%) de las personas de 0 a 14 años son pobres, un porcentaje que se reduce al 45% de los 15 a los 29 años, y al 35% de los 30 a los 64.
La baja en los niveles de indigencia e inseguridad alimentaria están relacionadas, según el Observatorio, con la creciente cantidad de personas que acceden a ayudas alimentarias indirectas (como la Asignación Universal por Hijo) y directas (en comedores escolares y comunitarios), que hoy llegan al 59% de la población. Sin embargo, estas medidas “son insuficientes”, indicaron.
La inseguridad alimentaria, aseguró a PERFIL el pedagogo Nicolás Wildner Sánchez, “conspira contra la constitución de estructuras cognitivas”, algo que, en el caso de los niños que no acceden, “los coloca en situación de desventaja en el desarrollo”.
Para la docente María Laura Puebla, “lo que afecta es el contexto”. Puebla aseguró a PERFIL que “muchos chicos no tienen ayuda en las casas porque los padres no terminaron de estudiar”, y que otros tantos salen a trabajar.
Actualmente el trabajo infantil, que se divide entre actividades domésticas intensivas y en el mercado laboral externo, es desarrollado por más del 15% de los niños, niñas y adolescentes del país.
Por eso, concluyó Tuñón, “tenemos una deuda importante con la infancia”.
