La "Noche del Apagón" se remonta a uno de los más turbulentos episodios de la historia argentina, comprendido entre el 20 y 27 de julio de 1976, momento en que el aparato represivo del Estado provocó los cortes de luz en las localidades jujeñas de Calilegua, El Talar y Libertador General San Martín, donde se encuentra la fábrica central de Ledesma. En la oscuridad se desenvolvió el sombrío secuestro de cientos de trabajadores de la empresa, sindicalistas, estudiantes y militantes políticos, hasta el día de hoy desaparecidos.
A 46 años de la masacre, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación recordó los sucesos este jueves 21 de julio y reclamó que el presidente del Grupo Ledesma, Carlos Blaquier, así como su director, Alberto Lemos, sean juzgados por la participación que tuvo la firma durante "La Noche del Apagón".
"La responsabilidad de la empresa y sus dueños todavía no se logró juzgar. Las madres y familiares de las víctimas de los apagones marcharon incansablemente en reclamo de justica", manifestó la Secretaría conducida por Horacio Pietragalla Corti a través de una publicación en Twitter.
A 46 años de “Las noches de los apagones”, las víctimas y sus familias no recibieron justicia ni reparación. pic.twitter.com/e5SvnpZvs6
— Secretaría DDHH (@SDHArgentina) July 21, 2022
Colaboradores del aparato represivo
El organismo insistió que Ledesma tuvo un "gran poder" en las localidades donde ocurrieron las detenciones, y asumió un rol protagónico "en la represión ilegal", ya que "aportó camiones de la empresa" en los cuales se trasladaba a los detenidos.
"A diferencia de los responsables militares y policiales que sí comenzaron a ser juzgados por crímenes de lesa humanidad en Jujuy, Blaquier y Lemos lograron evitar la justicia", denunció la Secretaría.
La causa abierta para juzgar dichos crímenes fue reactivada en 2021, mientras la salud de Blaquier, de 94 años, está considerablemente deteriorada.
"Mientras se sigue el proceso contra Lemos, Blaquier, quien envejeció en libertad, podría ser apartado de la causa por incapacidad sobreviniente", aclaró el organismo de derechos humanos.
CA / ED