La Comisión de Juicio Político, que preside la diputada nacional Carolina Gaillard (FdT), recibió nuevas declaraciones testimoniales referidas a la investigación por presuntas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).
En la testificación alegaron el abogado Enrique de Vedia, prosecretario letrado de la Corte Suprema, Gustavo Montanini, docente de la UBA y Héctor Daniel Marchi, ex administrador general de la Corte Suprema, recientemente desplazado de su cargo.
El primero en declarar fue el abogado De Vedia quien ratificó el informe de la auditoría donde le tocó abordar los temas legales. Con respecto a la obra social, el abogado destacó que “es un organismo con autonomía de gestión, individualidad administrativa y financiera, que funciona bajo la dependencia directa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Además, desconoció la existencia de un documento del juez Ricardo Lorenzetti donde el ministro Juan Carlos Maqueda renuncie a sus facultades de supervisión del organismo.
Luego fue el turno del exintegrante de la auditoría interna de la obra social del Poder Judicial Gustavo Montanini. El docente de la UBA remarcó las dificultades para realizar la auditoría. “Cuando uno hace un proceso de revisión, se basa en informes de auditoría interna y lo utiliza como disparador. Al no existir esos informes, por lo tanto, tuvimos que arrancar de cero, con trece años de proceso de revisión”, explicó.
“Lo que podemos ver es que, efectivamente, hay algunos elementos que están identificados y otros ingresos que no; producto de que no hubo conciliaciones bancarias recurrentes por parte de la administración de la obra social”, añadió el contador.
Al cierre de su declaración Montanini admitió la existencia de una “diferencia de siete millones de pesos que no pudimos comprender cuál era el ingreso”.
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El último en declarar fue Héctor Marchi. El exadministrador general de la Corte Suprema enmarcó la situación de la obra social en la última década y denunció “amenazas y seguimientos” después del informe sobre el manejo de la obra social.
“Nuestro traslado fue una sanción encubierta que incluyó a todas las personas que hemos trabajado en la auditoría de la obra social”, comenzó. “Yo he sufrido seguimientos, hay amenazas contra funcionarios que han colaborado conmigo y hay cuestiones que exceden el tema de la obra social, que generan mucha presión en mi pero no impide venir y contar la verdad”, subrayó.
En la misma línea, Marchi puntualizó: “en la auditoría lo que hicimos fue solamente detectar todas las falencias de una obra social en todos los sentidos para mejorarla para 100 mil afiliados que se merecen un mejor servicio de salud”.
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El exadministrador general de la Corte Suprema señaló que el responsable de la gestión de la obra social fue el juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, y también apuntó contra Sergio Robles, el vocero y colaborador cercano del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, “por las operaciones de prensa, las amenazas y los seguimientos”.
“Esto es una vergüenza, porque la Corte Suprema no puede tener esta informalidad. Yo estuve con siete ministros, a los cuales tuve que jurar dignidad, respeto y cuidado por la institución. Hoy realmente eso no sucede. Y va a terminar como la obra social, ese es el final de todo”, concluyó.
El jueves la Comisión de Juicio Político continuará su investigación contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las causales previstas en el Art. 53 de la Constitución Nacional la Comisión.
