Una grieta se abrió entre los miembros de la Corte Suprema por el tratamiento de la Ley de Medios. Y las diferencias podrían beneficiar la posición del Grupo Clarín. De esa forma, cuando termine la feria judicial de invierno, los cortesanos se abocarán a analizar los fundamentos de fondo sobre la constitucionalidad o no de la Ley de Medios en el contexto electoral de las primarias. Aseguran que lo resolverán “cuanto antes”. Pero las diferencias abren nuevos interrogantes.
El juez Carlos Fayt se inclina ahora por incorporar en la resolución el debate sobre la “libertad de expresión”, una postura que había esgrimido la Cámara Civil y Comercial en sintonía con los planteos del multimedios. Hasta ahora, la posición dominante en la Corte acotaba la discusión a un problema de licencias. Ya en octubre del año pasado, la jueza de la Corte Elena Highton de Nolasco había afirmado en diálogo con PERFIL que no creía “que esté en riesgo la libertad de expresión” en la resolución por la Ley de Medios.
En el entorno de Fayt advierten que el juez tiene una posición contraria. Es que ambos jueces integran sectores contrarios dentro de la Corte. El ala más diplomática del cuerpo está integrada por Ricardo Lorenzetti y justamente por Highton de Nolasco. Ellos buscan evitar ahondar sobre ese punto sensible de la ley, que es clave para el Grupo Clarín. Declarar que la Ley de Medios atenta contra la libertad de expresión fortalece al Grupo en la puja con el Gobierno. Para el Ejecutivo sería una muestra de debilidad en un año electoral.
El ala moderada apuesta a una resolución de tenor técnico centrándose en si se afectan o no la propiedad privada y los derechos patrimoniales. Por eso, el ala dura de la Corte, encabezada por Fayt, apunta a que los ministros del Tribunal incorporen ese debate a la hora de discutir sobre el fallo que deberán dar a conocer este año: si la ley es o no constitucional.
La iniciativa de Fayt es claramente favorable al Grupo Clarín y va en detrimento de lo esperado por el Gobierno. El Grupo Clarín sostendría que resulta ineludible el tratamiento de la libertad de expresión para la resolución del conflicto y de hecho lo ha expresado en su defensa porque la ley tendría consecuencia directa sobre el multimedios. Clarín sostiene que la ley afectaría la libertad de prensa y que el objetivo final sería callar la voz disidente, explican técnicos con acceso al expediente.
Más allá del debate de la libertad de expresión, para la mayoría de los ministros, la Ley de Medios es casi “abstracta” en relación con los avances tecnológicos y la vigencia mundial de la fibra óptica como un recurso económico y comunicacional, según cuentan voces judiciales consultadas.
La Cámara en lo Civil y Comercial ya falló en este sentido, y los cortesanos, en su mayoría, coincidirían con lo dictado por los camaristas sobre la inconstitucionalidad.
