Oscar Bernardo Centeno, el exchofer de Roberto Baratta durante la gestión kirchnerista, despidió este miércoles a su abogado Norberto Frontini, y pidió ser representado por un defensor oficial. La decisión obligó a suspender su declaración, la única que estaba prevista para hoy, ya que se quedó sin representante legal.
El chofer se presentará nuevamente el jueves a primera hora ante el juez de la causa, Claudio Bonadio, y el fiscal, Carlos Stornelli, y podría convertirse en arrepentido.
Centeno quedó detenido el martes, horas antes de que fueran apresados desde Baratta hasta el ex directivo de IECSA, Javier Sánchez Caballero. Además de Centeno, para la jornada de mañana está previsto que comiencen a declarar los otros 11 detenidos. A partir de la semana próxima serán indagados desde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner hasta el exjuez federal Norberto Oyarbide, entre otras 18 personas.
Detuvieron al chofer de Roberto Baratta
El puntapié inicial de la causa fue una serie de cuadernos con anotaciones que Centeno habría realizado durante más de diez años sobre el presunto circuito de pago de coimas. Todo el material fue presentado a la justicia por el periodista de La Nación Diego Cabot, quien accedió de forma exclusiva al contenido.
Como se evalúa en los tribunales de Comodoro Py, Centeno podría ingresar al Programa Nacional de Proteccion a Testigos e Imputados, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Si acepta, el chofer deberá entrevistarse primero con el fiscal y llegar a un acuerdo con él, entregando información que involucre “hacia arriba”, es decir a los responsables de las maniobras investigadas. Así como datos que permitan recuperar dinero de las maniobras delictivas investigadas. En caso de llegar a un eventual acuerdo, este deberá ser homologado por Bonadio.
Oscar Centeno fue detenido junto a más de una decena de empresarios y exfuncionarios en el marco de la causa que investiga una presunta asociación ilícita dedicada a repartir dinero en bolsos, supuestamente de coimas ligadas a la obra pública.
El programa está bajo la órbita de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio y funciona “a partir del pedido de la autoridad judicial que recibió la declaración, luego del análisis de trascendencia, debiendo ser acompañada por la opinión del representante del Ministerio Público”, se informa en la página oficial.
"Es condición inexcusable para el ingreso al Programa la aceptación de la protección por parte del beneficiario, ya que las medidas de protección en muchos casos importan restricciones al ejercicio de ciertos derechos y además, como en el caso de las custodias policiales, suponen una afectación al derecho a la intimidad", aclara el sitio.
Las medidas pueden ser tanto de custodia personal o domiciliaria, como lo relativo a alojamiento transitorio en lugares reservados, cambio de domicilio, ayuda económica por no más de seis meses, asistencia para la reinserción laboral y el suministro de documentación que acredite identidad a nombre supuesto.
