A un mes de la imputación contra el presidente Mauricio Macri por las revelaciones surgidas de los denominados Panamá Papers, el tema que parecía extenderse como un reguero que consumiría a numerosos cuadros políticos del PRO, sólo afectó en términos procesales al mandatario y al jefe comunal de Lanús, Néstor Grindetti.
El Presidente es investigado por el juez federal Sebastián Casanello. Diversas denuncias pidieron que se defina si cometió un delito al no incluir su posición de director en dos offshore del Grupo Macri en sus declaraciones juradas al acceder a cargos públicos. También había llegado a su despacho la denuncia contra Grindetti, quien está afectado por otros casos judiciales y una delicada situación política en su distrito, pero el magistrado se excusó al alegar que era una causa diferente y la envió a sorteo.
Además de estos dos dirigentes, los papeles filtrados por una fuente anónima y gestionados a nivel mundial por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y que en el país tiene el diario La Nación y Artear, sólo vinculan el trabajo del estudio Mossack - Fonseca al secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis; el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas; y el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas.
De Andreis apareció en los papeles panameños por acciones comerciales de su mujer y su suegro en empresas offshore. En el caso de Arribas, uno de sus socios aparece con actividad en paraísos fiscales mediante ese tipo de compañías. Y Clusellas aparece como gestor privilegiado del estudio panameño en la Argentina.
Trabado. Cuatro fuentes técnicas, con un marcado interés porque las salpicaduras de la filtración panameña alcancen a más políticos oficialistas, reconocieron a PERFIL que resultaría difícil avanzar en un caso contra Clusellas, De Andreis y Arribas, al menos con la información disponible. En paralelo a la revelación del ICIJ, otros funcionarios fueron señalados por distintos medios y redes sociales. Varios políticos fueron expuestos a partir de investigaciones de Página/12 en base a los registros públicos panameños. En estos casos, según surge de un relevamiento de PERFIL con fuentes judiciales, no hubo efectos tribunalicios.
La excepción podría ser el intendente de Vicente López, Jorge Macri, quien aparece en los registros panameños como secretario de una offshore. El jefe comunal es investigado por la compra de un departamento en Estados Unidos y por una adquisición pública de patrulleros, fuentes al tanto de los casos indicaron que se buscará si existe alguna conexión entre las pesquisas en curso y la actividad offshore.
Costo político
El “efecto Panamá” es también político. Surgió junto a una creciente preocupación por la situación social y una renovada actividad sindical que llevó el tema del empleo al primer plano. Aún si todas las actividades realizadas por funcionarios fueran legales, abonan el relato opositor de “un gobierno de y para los ricos”. Por otro lado, los canales financieros que aparecen en estas revelaciones son utilizados por actividades ilegales. Mala noticia para un Gobierno que fijó la lucha por la transparencia y la legalidad como una de sus prioridades.
