Repsol comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España que "llevará a cabo todas las medidas legales que procedan para preservar el valor de todos sus activos y los intereses de todos sus accionistas" tras la decisión del Gobierno argentino de expropiarle el 51% del capital de YPF.
Repsol considera que la medida anunciada es "manifiestamente ilícita y gravemente discriminatoria, que no se ha justificado de forma alguna la utilidad pública que se persigue con la misma, y que supone un patente incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado argentino en la privatización de YPF, violando así los más fundamentales principios de seguridad jurídica y de confianza de la comunidad inversora internacional".
Por ello, la compañía española afirma que "se reserva expresa y plenamente todos los derechos y acciones que pudieran corresponderles conforme al derecho argentino, la normativa de valores de los mercados en que YPF cotiza y el derecho internacional, incluyendo el tratado de protección de inversiones Argentina-España".
