La AFIP colocó la lupa sobre el programa Potenciar Trabajo, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, y descubrió, a través de un cruce de datos, que 2.800 personas que fallecieron siguen cobrando el beneficio a través de terceros.
Además, se descubrió que cientos que acceden a la asistencia poseen hasta tres propiedades.
El documento del organismo recaudador se encuentra en la cartera que conduce Victoria Tolosa Paz desde octubre y da cuenta de que por lo menos 2.800 personas que perdieron la vida se encuentran recibiendo el plan a través de familiares o terceras personas, poseen propiedades y hasta compraron dólares.
En números concretos, el informe “se realizó sobre la identificación estadística de 1.383.279 titulares del mencionado programa” y se detectó que: “253.184 de ellos (el 18,30%) han efectuado una manifestación patrimonial en las declaraciones juradas de Bienes Personales, y que 35.398 (el 2,56%) habían realizado alguna compra de divisas con fines de ahorro en los últimos seis meses”.
El tema llegó a oídos del fiscal federal Guillermo Marijuan, quien le pidió a la exdiputada que le otorgue toda la información disponible sobre los beneficiarios en aprietos. Según la ministra, todo plan cubierto por irregularidades será dado de baja inmediatamente.
“Estamos trabajando para que la próxima liquidación, que será el 20 de noviembre, pueda tener entrecruzamiento y validación de incompatibilidades” y anticipó que “empieza un proceso de mucha transparencia a la hora de tener certezas sobre a quiénes les estamos transfiriendo los recursos públicos”.
La respuesta por parte de Unidad Piquetera no tardó en llegar: acusó al Poder Ejecutivo por las falencias del ingreso del programa y remarcó que “frente al crecimiento del hambre y la pobreza, la política es avanzar en bajas masivas contra quienes cobran planes”.
“Para eso manipulan distintas bases de datos, con la intencionalidad de dar bajas, en función del ajuste que les reclama el FMI”, afirmaron desde el colectivo que integran Libres del Sur-Barrios de Pie, Polo Obrero, MST Teresa Vive y Frente de Organizaciones en Lucha, entre otros.
En segundo término, las agrupaciones declararon que aquellos que reciben el Potenciar, por disposición del ministerio, deben cumplir con condiciones, pasando por el chequeo de Sintys (un sistema de cruce de requisitos tributarios y sociales), que impide el ingreso hasta por tener una moto.
“Si existen personas que cobran y declaran bienes personales (con un mínimo no imponible de 6 millones de pesos), es exclusiva responsabilidad del Gobierno. La forma de terminar con todas las irregularidades es universalizar los programas, como se lo planteamos a la ministra sin tener respuestas”, señalaron.
