"Sin mayor demora, ordene su inmediata detención a los fines de recibirles declaración indagatoria", solicitó hoy en un escrito el abogado Gregorio Dalbón al juez federal Sebastián Ramos, quien investiga los $3.500 millones subsidios que la Secretaría de Transporte le transfirió a Trenes de Buenos Aires (TBA) entre 2003 y 2012. Dalbón representa al grueso de los familiares de víctimas de la tragedia de Once.
La solicitud de arresto de la querella recayó en el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido -quien acumula varios pedidos de indagatoria en la causa madre, que irá a juicio oral- los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, los ex funcionarios de la CNRT Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro (hoy sigue trabando con el ministro Randazzo) y el exsubsecretario de Transporte Antonio Luna.
El pedido del abogado al juez federal también incluyó el dueño de TBA, Claudio Cirigliano y el propietario del Grupo Plaza, Mario Cirigliano, el único de los mencionados que no irá a juicio oral por la muerte de 51 personas en la estación Miserere por los delitos "administración fraudulenta" y "estrago culposo". De forma silenciosa, el juez de instrucción Claudio Bonadío le dictó la falta de mérito al hombre de colectivos Plaza y los desligó de responsabilidades penales por las víctimas mortales de Once.
"Los nombrados han sido los organizadores de una asociación criminal perfectamente coordinada para permitir que las millonarias sumas que el Estado Nacional asignó durante años a la empresa Trenes de Buenos Aires S.A. en concepto de fondos otorgados para proveer al debido mantenimiento y mejoramiento de las infraestructura ferroviaria entregada en concesión avocada al funcionamiento de la línea Sarmiento, haya tenido el triste destino de ser utilizada para el enriquecimiento de quienes participaron en dicha maniobra delictiva", denunció Dalbón en el escrito al que accedió Perfil.com.
Por orden de la Cámara Federal, el juez Ramos retomó en enero la pesquisa contable del destino de los $2.977.041.406 que la Secretaria de Transporte le transfirió a TBA entre junio de 2003 y diciembre de 2011; cifra que se desprende de los informes de la AGN entre 2003 y 2006, y de la pericia contable que encargó Bonadío entre 2007 y 2011, a la que accedió en exclusiva Perfil.com. En 2012, Transporte le otorgó otros 500 millones hasta que el 24 de mayo el Gobierno suspendió la concesión de TBA. En total, se trata de 3,5 mil millones de pesos.
El pedido del letrado al magistrado federal insistió: "Asimismo, debe recordarse que la Sala II de la Excma. Cámara del fuero ha determinado (...) revelar la responsabilidad de todos los funcionarios del área de transporte y operadores del servicio que, a través de los años, pudieron haber contribuido al actual estado de situación que presentan la mayoría de los corredores ferroviarios concesionados".
