El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez solicitó la elevación a juicio oral de la causa por presunto espionaje donde están procesados el extitular de la SIDE Juan Bautista Yofre, junto a cuatro periodistas, un empresario y un militar. Todos ellos están acusados de integrar una asociación ilícita que comercializaba información clasificada de funcionarios de Estado que obtenían mediante intervenciones de correos electrónicos.
El fiscal le pidió a la jueza Sandra Arrollo Salgado que cierre la etapa de instrucción porque tendría las pruebas suficientes para sostener la acusación en un juicio oral, por presunto espionaje y encubrimiento que tuvieron como víctimas a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al gobernador Daniel Scioli, entre otros altos dirigentes políticos.
Si la jueza da lugar al pedido de la fiscalía, junto a Yofre serían juzgados los periodistas Carlos Pagni, Edgar Walter Maingard, Héctor Alderete y Roberto García. También se sentarían en el banquillo de los acusados los emprearios de medios Néstor Carlos Ick y Pablo Alfredo, en compañía del militar retirado Daniel Reimundes.
En un su escrito, Domínguez señaló que los aucusados habrían interceptado correos electrónicos de las víctimas y la forma de obtención de "información de orden político, social, militar y económico" que debía “permanecer en secreto en función de la seguridad, de la defensa y de las relaciones exteriores de la Nación”.
El espionaje, acorde a la investigación, se habría dado entre agosto de 2006 y junio de 2008 cuando Yofre se dedicaba a la búsqueda de “sustracción, revelación y comercialización ilegal de datos, archivos e información” junto con el aún prófugo exagente de la SIDE Iván Velázquez.
Los datos que habrían puesto en circulación incluía intercepciones de correos privados de la exministra de Defensa, Nilda Garré; el canciller Héctor Timerman; su antecesor, Jorge Taiana; el exjefe de gabinete, Alberto Fernández y dos exsecretarios privados de la Presidencia.
Sobre Yofre pesa la peor acusación, de “asociación ilícita en calidad de jefe” ya que era él quien determinaba quién "iba a ser objeto de la intrusión y lo hacía a través de Velázquez, Carpintero y también a través de Alderete", consignó el fiscal.
