A una semana de haberse entregado en los tribunales de Comodoro Py luego de una orden de detención que contenía su nombre y la firma del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, la defensa del hacker misionero Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro pidió su excarcelación al sostener que "no hay posibilidad de influir sobre las pruebas ni en esta causa ni en las causas conexas".
Según supo PERFIL, el pedido se concretó por medio de un escrito que firmaron los abogados Sebastián Noguera y Marcos Kapko, defensores del joven de 22 años que admitió haber hackeado el teléfono celular del exministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro. Sin embargo, la detención se produjo en el marco de otro expediente que está radicado en la Justicia federal y que investiga la tramitación de una serie de líneas telefónicas a nombre de los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, entre otros.
Nuñes Pinheiro es uno de los cuatro nombres que figuró en la orden de detención, también integrada por Santiago Machado y Nelly Valdés, también oriundos de Misiones, y Ariel Zanchetta, un sargento retirado de la Policía Federal al que la Justicia le imputa haber realizado más de 2 mil consultas de datos personales de jueces como Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, de la Cámara de Casación, en la base de una empresa llamada Sudamérica Data Group.
El gobierno de Jujuy aplicará multas de hasta $2 millones contra los piqueteros
En el caso de Nuñes Pinheiro, su defensa recordó que el joven "solo ha tenido participación en el recupero de líneas que no le pertenecían por encargo de un sujeto a quien no conocía en forma personal tal como lo declaró, en un período de tiempo que va desde fines de agosto del año 2022 hasta fines de octubre, principios de noviembre del mismo año". Y también que en ese lapso el imputado "admite y sospecha haber colaborado para el recupero de líneas con total ignorancia de las funciones políticas y judiciales de las víctimas de esas maniobras fraudulentas".
En el escrito, que deberá ser analizado por el fiscal Gerardo Pollicita, los abogados aseguraron que la conducta delictiva de su defendido es idónea, y señalaron que eso se ve "por la torpeza de la maniobra dado que ha dejado rastros tecnológicos que son incompatibles con la verdadera figura de un 'hacker'".
Para solventar esa postura, recordaron que en sus declaraciones indagatorias dijo haber recibido pagos en bitcoin por $15 mil en cada "recupero" encargado desde Telegram por el usuario Eljuanxd. En esa línea, consideraron que "la insignificancia de los montos no guarda proporción con la magnitud del escándalo público e institucional al que se vería sometido (....) Nadie en su sano juicio se expondría a semejante escándalo por sumas de dinero tan exiguas".
Los detalles del escrito
A modo de garantía, dijeron que debe prosperar la excarcelación porque "además de la buena fe y de la conducta colaboradora no hay posibilidad de influir sobre las pruebas ni en esta causa ni en las causas conexas". En otro punto agregaron que no existe riesgo procesal ni de fuga por su "amplia voluntad de estar sujeto al proceso" y que "no tiene manera de influir sobre los medios probatorios tecnológicos (...) que lo ubican específicamente en un período de tiempo y en una zona determinada".
"Nuestro asistido jamás tomó el control de las líneas telefónicas ni mucho menos requirió dinero a persona alguna suplantando la identidad de los denunciantes. Su participación y su conducta solo se limitaron a la
obtención de los códigos para el recupero de las líneas, lo que le permitió a terceras personas que sí tenían un interés de invadir la privacidad y provocar un perjuicio institucional", expresaron en torno al accionar delictivo de Nuñes Pinheiro.
Por otro lado, los defensores sostuvieron que la pena en expectativa para su el joven hacker "no constituye un elemento objetivo a considerar como riesgo de fuga". Y le pidió al juez que imponga, a modo de garantía, una "caución real suficiente para reforzar aún más el compromiso de que nuestro asistido no eludirá la acción de la Justicia".
Cómo están las otras causas
De las cuatro personas detenidas la semana pasada, quedan tres tras las rejas. Según consignó Infobae, Valdés fue excarcelada en los últimos días, aunque seguirá imputada en el expediente, y le negó la excarcelación a Machado. Así las cosas, resta definir la situación de Nuñes Pinheiro y de Zanchetta, un personaje llamativo en el misterioso entramado de hackeos y espionaje: este ex policía federal aparece designado en la Municipalidad de Salto, Buenos Aires, como personal de planta temporaria entre el 1° de julio de 2015 y el 31 de diciembre de ese mismo año.
Javier Milei y su demanda a periodistas: acordó con Vilouta pero le pide un millón a otros cuatro
El decreto, firmado por el entonces intendente peronista Oscar Brasca, autoriza en uno de sus puntos a Zanchetta a "realizar jornada prolongada. Dicha extensión abarcará dos horas más de labor de las que habitualmente desarrolla el personal municipal".
La trama en torno a los hackeos, tramitación de línea y espionaje desvela a parte de la dirigencia política y a muchos integrantes del Poder Judicial, afectados en la maniobra. El juez Martínez de Giorgi concentra las denuncias de jueces y juezas afectados, entre ellos los cortesanos Rosatti y Rosenkrantz. En tanto, la jueza María Servini tiene en su Juzgado la causa que investiga el hackeo al diputado nacional Diego Santilli, expediente en el que Nuñes Pinheiro declaró por primera vez y como testigo.
En tanto, la Corte Suprema tiene pendiente una primera definición acerca del entramado. Como informó PERFIL semanas atrás, la Justicia porteña se declaró incompetente en la causa por el hackeo a D'Alessandro y envió las actuaciones a Comodoro Py, donde fueron rechazadas. Así es que se inició un conflicto por competencia que está a la espera de una decisión en el cuarto piso de Talcahuano 550: según consta en el expediente judicial, "por disposición del Tribunal, dese vista digital a la Procuración General de la Nación".
Mientras tanto, la causa avanza en la Justicia porteña por impulso de la fiscal Daniela Dupuy.
Fuentes judiciales indicaron que el trabajo de investigación continúa y que en los últimos dos días llegaron dos denuncias relacionadas con el caso de hackeo, sobre las que aún debe expedirse la integrante del Ministerio Público. De prosperar esas presentaciones, la investigación se ampliaría todavía más.
GI/fl
