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Piqueteros amarillos: los dirigentes que ahora fueron seducidos por el Gobierno

Las administraciones de Macri y Vidal sumaron aliados de movimientos sociales que antes se mostraban como duros activistas. Los casos en La Matanza y en Quilmes.

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Cambios. Lalo Creus militaba en la CCC y ahora tiene vínculos aceitados con Vidal y con funcionarios nacionales. En Quilmes, Leandro Díaz participó de la campaña. | Cedoc Perfil
El oficialismo sumó en esta campaña a algunos aliados impensados. Son dirigentes que hasta hace poco tiempo integraban las filas del activismo piquetero y hoy están cerca del oficialismo y ejecutan la política social nacional y provincial. La tendencia no es aún tan fuerte como en tiempos del kirchnerismo, cuando hubo una extendida acción política para cooptar dirigentes de los movimientos sociales.

Uno de los casos de mayor alcance, por sus vínculos con el gobierno nacional y el provincial, es el de Eduardo “Lalo” Creus, ex integrante de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). El dirigente fue apartado del movimiento en 2013, por haberse vinculado a la Fundación Alvarado y otras organizaciones agrícolas. Tras su salida, Creus mantuvo el control de una ONG que había sido fundada en el seno de la CCC, Identidad Vecinal, en el Barrio René Salamanca de González Catán. En ese mismo año, Creus había participado de la toma de la Municipalidad de La Matanza, en reclamo de fondos para obras.

La actividad de Identidad Vecinal, que incluía comedores, asistencia escolar y actividades culturales, se potenció a partir de la llegada de Cambiemos. Esta organización fue la primera asociación civil que se constituyó en ente ejecutor del Programa Argentina Trabaja, con el manejo de 500 planes, a partir de un convenio firmado con Desarrollo Social en 2016. Este año, sumó un acuerdo con la cartera de Trabajo para la gestión de una oficina de empleo. Identidad también se incorporó al programa El Estado en Tu Barrio.

Este jefe territorial de La Matanza fue recibido en Casa de Gobierno por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el secretario Mario Quintana. Peña, Carolina Stanley y la gobernadora María Eugenia Vidal visitaron la asociación en más de una oportunidad. La última visita de Vidal coincidió con un timbreo en González Catán, en abril.

En Quilmes. Dos organizaciones que participaron de una toma del Ministerio de Desarrollo Social provincial están hoy plenamente integradas a Cambiemos en Quilmes. El dirigente Daniel Rodríguez, del MP 29 de Mayo, trabaja en la Municipalidad y participa de la campaña de este año, según indicaron diversas fuentes a este medio. Incluso se menciona el manejo de planes de empleo.
Rodríguez había sido detenido por la toma del ministerio y se le inició una causa penal por esa acción, que él mismo había bautizado como Operación Progreso, y por posesión de armas de fuego y explosivos encontrados en un allanamiento. En 2009, fue condenado a cinco años de prisión por el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata.

También enfrentó una causa penal por la toma de diciembre de 2007 Leandro Rodríguez Díaz, dirigente del Movimiento 8 de Octubre que supo ser cercano a Luis D’Elía.
Díaz trabajó hasta febrero último como director de Empleo y Cooperativas bajo la gestión del intendente “amarillo” Martiniano Molina. La cartera había sido objeto de denuncias cruzadas con la gestión anterior, de Francisco “Barba” Gutiérrez. Díaz pasó a un cargo nacional y milita activamente en la campaña de este año.

Reunión después de la marcha
El Triunvirato de San Cayetano (CCC, Barrios de Pie y la CTEP) se reunirá este jueves con los ministros Jorge Triaca (Trabajo) y Carolina Stanley (Desarrollo Social) y el coordinador de Gabinete, Mario Quintana. Será el primer encuentro tras las primarias. Según había sido previsto en la última reunión, los representantes del Gobierno debían dar una devolución sobre una presentación de los movimientos sociales. Señalaban que no se había alcanzado la ejecución presupuestaria prevista en la Ley de Emergencia Económica. El encuentro ocurrirá dos días después de la marcha de la CGT a la que asistirán los grupos piqueteros que impulsaron la aprobación de la norma, que dispuso un gasto anual de 10 mil millones.