La situación económica de la provincia de Santa Cruz es delicada. En ese marco, la gobernadora Alicia Kirchner sostiene que el Gobierno no tiene capacidad para pagar los sueldos y menos aún para conceder aumentos salariales al sector público. No obstante, duplicó por decreto el monto que sus funcionarios perciben por el rubro “desarraigo” y desató una fuerte polémica.
En el Boletín oficial Nº 5289 se publicó el Decreto 0752 en el cual se establece un incremento de la asignación de carácter no remunerativa no reintegrable denominada “Compensación por Desarraigo” para los funcionarios públicos que fueron convocados por el Poder Ejecutivo provincial. De ese modo, el pago pasó de ser de $ 4.500 en 2012 a $ 9.000 que se comenzará a cobrar de forma retroactiva al 1º de agosto de este año, lo que equivale a un 100 por ciento de suba.
Según se especifica en la norma, perciben esta asignación "los funcionarios que fueron llamados a cumplir funciones de nivel político en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial que tengan domicilio a una distancia superior a los doscientos kilómetros de la sede de sus funciones".
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El valor del mismo estaba fijado hasta el 1° de agosto en una suma de 4500 pesos, "sin embargo, se hace necesario modificar el importe establecido por el concepto descripto a fin de actualizar el valor de la asignación, en concordancia con el incremento de los cánones locativos vigentes en el sector inmobiliario y el aumento de los índices de inflación registrados en la actualidad", se argumentó en el decreto.
La polémica se desató porque días atrás el gobierno de Alicia Kirchner ofreció un aumento del 2 por ciento en la discusión paritaria con los docentes de la provincia. La propuesta fue rechazada y como respuesta se decretó un paro. Asimismo, en los últimos meses se organizaron cortes de ruta, concentraciones y recogidas de firmas.
El integrante de la CTA Autónoma y de la Mesa de Unidad Sindical de Santa Cruz, Juan José Ortega, explicó a PERFIL que el rechazo que generó el decreto se agregó en los reclamos se plantean en estos días en el marco del paro nacional. “Se han incorporado a nuestras medidas estas consignas que tienen que ver con la discrecionalidad que se maneja el presupuesto”, señaló.
“Estamos acostumbrados, no es la primera vez que se da para un sector y otros no, la conveniencia política es permanente, obviamente a los sindicatos combativos se les congela el presupuesto, se le pone techo a las paritarias....”, indicó Ortega quien precisó: “Uno no está discutiendo la cuestión de fondo, si realmente es justo o no, o si eso corresponde para la gente que vive lejos de donde trabaja, sino la forma y el momento y la contradicción con lo que predican”, agregó.
La funcionaria del Consejo Provincial de Educación Cecilia Velázquez anticipó a los docentes que no podrán obtener una oferta salarial en el próximo año que sea mejor que el aumento propuesto. Algo que causó un fuerte rechazo. “Ha sido arbitraria desde una postura de soberbia enorme, incluso está procesada y mezclada en casos de corrupción, como el 95 por ciento de la clase política en Santa Cruz”, indicó el integrante de la CTA Autónoma sobre los dichos de la funcionaria.
Desde el sindicalismo santacruceño impulsaron una recolección de firmas para pedir el juicio político a Alicia Kirchner en un intento para frenar con la discrecionalidad presupuestaria de la que acusan al Gobierno. En una semana se reunieron 6 mil, que para lo que es la región se trató de un número significativo según los gremialistas. No obstante, cuando se traspasó el pedido al poder legislativo no avanzó. “Teniendo mayoría no se puede llegar a cumplir con esta cuestión”, lamentó Ortega.
Fuentes del Gobierno de Santa Cruz indicaron a PERFIL que el desarraigo lo cobran aquellos que deben trabajar en otra ciudad que la de su origen (más de 200 km), para gastos de alquileres entre otras cuestiones. "Son solo 33 personas en todo el Estado provincial", destacaron.
