Las campañas electorales comenzaron a tomar temperatura, con dos grandes polémicas: el financiamiento privado y los gastos de las fuerzas, con distintas anomalías que comicio tras comicio son moneda corriente. Las irregularidades llegan a tal punto que las denuncias corren con velocidad.
Por ley, y de cara a la campaña nacional que empieza de manera oficial una vez que cierran las listas, los recursos privados que puede recibir un partido tienen un tope, hoy eje de disputa entre los espacios. En este marco, la mayoría de los partidos consideran positivo que exista dicha regulación y polemizan con el Frente de Izquierda, quien pide que las acciones proselistas sean directamente bancadas por el Estado.
La alianza entre el PTS y el PO y ante la consulta de PERFIL subraya que gracias a la legislación vigente se “blanquean los aportes truchos” de los procesos, estrechando lazos entre política y empresarios, en detrimento de aquellos que no aceptan ningún dinero de sectores del ámbito ejecutivo. “Las empresas quieren aumentar el lucro, las ganancias”, expresan.
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Ante esta afirmación, del entorno de un precandidato presidencial opositor esgrimen que sería ideal que el Estado sea el único aportante pero, sin orden mediante ley, sería imposible llevar un control. Según Juan Manuel López, diputado nacional de la Coalición Cívica, se requiere un debate más profundo de la problemática. “Hay que transparentar, debe haber boleta única para abaratar campañas, con sus costos y logística. Hay mucho gasto en negro en fiscales que no son voluntarios y punteros, pero nadie se anima a hablar. Otra arista: ¿A quién se le pide plata y con qué límite? ¿Y los que manejan los recursos del Estado”, se preguntó el legislador.
En relación a la observación de los gastos, la Justicia Electoral aparece en escena, dando cuenta de las anomalías que se repiten en cada proceso gracias a un equipo de auditores. En este sentido, una fuente calificada indica ante este medio que la gran mayoría de los espacios utiliza dinero en efectivo que luego no declara, posee más de una cuenta bancaria (cuando debería ser una sola) y directamente encara campañas en la vía pública, medios de comunicación y redes sociales que terminan bajo la alfombra.
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Las denuncias por campañas anticipadas, fuera del plazo legal de arranque, también son habituales y hoy corre un expediente que involucra a Patricia Bullrich, Javier Milei, Juan Urtubey, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales. La acusación la efectuó un abogado, Martín Rodríguez, a raíz de afiches e imágenes de los precandidatos en modo proselitista en diferentes medios.
Para Cippec, una ONG que se ocupa del tema, “las rendiciones y los controles judiciales actualmente son ex post y no son del todo efectivos y disuasivos. Los problemas de las rendiciones se detectan por parte de la Justicia, pero la desaprobación llega cuando los representantes ya fueron electos”.
A su vez, Carolina Tchintian, directora de Instituciones Políticas, propone “instancias de reporte durante la campaña”.
