Polémica por la denuncia ante la Corte que realizó la jueza que trabó la Ley de Medios

Olga Pura de Abarral, la magistrada a cargo del juzgado federal Nº 2 de Mendoza, dejó trascender hoy una denuncia que recibió de parte del dirigente de la Federación Tierra y Vivienda, el piquetero Luis D´Elía, por la suspensión de la aplicación de la Ley de Medios que libró en marzo pasado, al dar lugar a un reclamo del diputado Enrique Thomas, del Peronismo Federal.

La información, que se filtró en tribunales, da cuenta de cuatro cartas enviadas en los últimos días, dirigidas al titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti; otra a Ricardo Recondo; a cargo de la Asociación de Magistrados y dos más para el Consejo de la Magistratura y el Colegio de Abogados de Mendoza, que controla Daniel Ostropolsky, poniéndolos al tanto de su situación.

"La primera fue enviada el viernes pasado cuando recibí la carta a documento del Cuerpo de Mediadores del Ministerio de Justicia y el lunes envié las restantes. Son todas iguales, con el mismo tenor. A la Asociación de Magistrados le pido que asuma mi defensa, de los derechos que me corresponden como magistrada de la Nación. La trascendencia ha sido extraoficial, yo no me comuniqué con los medios", indicó Pura de Arrabal a Perfil.com.

Desde Magistrados, Recondo confirmó a este portal que "apoyamos toda defensa en cuanto consideramos que hay una persecución política" y consideró esta embestida como algo "insólito": "Si hubiera alguna mala práctica hay medios pero no se puede demandar a un juez que dicte una sentencia no favorable para sus intereses", apuntó.

Al mismo tiempo, resaltó que "esto no es nuevo en el Gobierno, cuando hay un fallo que favorece, no pasada nada. Cuando hay un fallo que no les gusta es el 'partido judicial', la justicia 'delivery'. Entonces, de tanto desgastar, esta estrategia ya nadie la cree, ya nadie le da demasiada importancia. El problema es que perturban a los jueces con denuncias sin fundamentos en el Consejo de la Magistratura. No dejan actuar al poder Legislativo, atacan al Judicial, típico de un sistema autoritario. Esto es una cosa improcedente que no merece ni ser opinada".

Consultada por este portal, Arrabal dijo no estar "preocupada desde el punto de vista jurídico, porque los jueces - la Corte lo ha dicho en reiterados pronunciamientos - tienen inmunidad de jurisdicción cuando dictan sus sentencias". No obstante, aclaró que "no quiero tener miedo mañana cuando me venga un pedido de una cautelar, que esté firmando con temor a represalias" al tiempo que explicó que los magistrados, en su lugar, defienden "casos concretos sometidos a su consideración. Podemos equivocarnos, lógico, para eso están las vías recursivas".

Sobre la trascendencia de su reclamo, Arrabal contó: "Estoy acostumbrada a resolver las cuestiones que me plantean en derecho, jurídicamente, la repercusión política se la dan los políticos. No resuelvo políticamente", respondió, pese a que su decisión todavía mantiene frenada la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en el Congreso. "Mido las consencuencias, trato de medir las consecuencias con prudencia. En este caso, interponen un amparo contra una ley en la que se advierten algunas irregularidades en la su tratamiento", justificó.

D´Elía contesta. El líder de la Federación Tierra y Vivienda, por su lado, remarcó a Perfil.com que "somos todos iguales ante la ley y la Justicia dio lugar a que se iniciara el proceso de mediación. Por ser jueza no puede sentirse molesta, me parece que está equivocada", señaló. "Hoy a las cuatro de la tarde es la mediación, veremos si se presenta o no y si no iniciará la demanda civil. Ella sabrá que es el que hace, la demanda es justa y buena, en función de eso actuaremos" y aclaró que, en caso de llegar a esa instancia y ganar los dos millones, "como resarcimiento, como reparación económica, queremos donarlos al Hospital de niños de La Matanza".