Un escándalo. Un bochorno. Los adjetivos que pulularon ayer entre los dirigentes de la oposición fueron muchos pero el hecho uno solo: las fotos en las que se revelaba que la primera dama, Juliana Awada, utilizó, junto a su hija Antonia, el helicóptero presidencial Black Hawk Sikorsky S-70A para regresar de Punta del Este.
La esposa y la hija de Mauricio Macri habían viajado desde Chapadmalal (donde estuvieron junto al jefe de Estado el fin de semana pasado) a la costa uruguaya (un destino, junto al sur, muy elegido por la primera dama) para pasar unos días de relax alejada del Presidente.
Tras disfrutar de su hija, el jueves por la tarde el aeropuerto de Laguna del Sauce se vistió de otro color: el helicóptero había ido a buscar a la familia presidencial. Y no pasó inadvertido: los medios uruguayos tomaron imágenes del momento en que Awada se subía al Black Hawk.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Según publicaron en el país oriental, el helicóptero aterrizó en la terminal de Punta del Este pasadas las 16.30. Una hora y media después se pudo ver a la primera dama y su pequeña hija, quienes luego de cargar las valijas, se subieron a la aeronave para regresar a Buenos Aires.
En esas fotos se destacó una camioneta en la que llegaron con la publicidad de “Julius Bär”, un banco suizo que fue sospechado en el caso del FIFAGate. Desde la entidad explicaron a PERFIL que “auspician el servicio vip de aeropuertos de Punta del Este” y que por ello habían trasladado a la primera dama.
Según publicó Infobae hace varios meses atrás, la flota presidencial tiene en su haber tres helicópteros: un Sikorsky S-70A Black Hawk, el H-01, que está en servicio desde 1994, y dos Sikorsky S-76B, el H-02 y H-03, de 1991. Uno de estos últimos está operativo, pero el otro está fuera de servicio. Según un informe de la Secretaría General de la Presidencia, los helicópteros tienen un “alto costo operativo” y un “buen valor de reventa”.
Si bien en la Casa Rosada se apuraron en explicar que no se cometió ningún hecho ilegal, el viaje quedó en el centro de la polémica: ¿debe la familia presidencial utilizar recursos estatales para veranear?
En este sentido, el jueves, el secretario general, Fernando de Andreis, de quien depende la flota presidencial, le había enviado una consulta formal a la Oficina Anticorrupción para que se expida al respecto. La respuesta llegó ayer y fue clara: no conformaba ningún delito ni hecho ilegal el viaje.
Por Radio Mitre, Laura Alonso, titular de la OA, explicó: “Se trata de utilizar los bienes del Estado en el caso de la familia presidencial con prudencia y con austeridad”.
“El jefe de Estado y su núcleo familiar están protegidos por la Casa Militar. Sus traslados deben hacerse en el marco de la prudencia, la austeridad y la razonabilidad, en vehículos oficiales”, indicó Alonso.
“A la primera dama, que cumple funciones protocolares, también se le aplican los deberes previstos en el código y la ley de Etica Pública”, dijo.
“El uso es correcto. Lo que es incorrecto en términos éticos es el abuso. Cuando un gobernador fue denunciado por viajar en el avión sanitario y ese avión no podía ser utilizado por personas en gravedad en términos sanitarios, ahí sí hay un abuso”, ahondó.
