En 2027 Ramón Lanús terminará su primer mandato como intendente tras derrotar en 2023 a Gustavo Posse. Cercano al PRO y también a LLA, y en particular a Patricia Bullrich, su debut en el municipio también supuso varios dolores de cabeza que pusieron a la oposición en pie de guerra con denuncias de todo tipo.
El concejal radical Walter Pérez es uno de los que viene siguiendo de cerca los movimientos de la gestión. En diálogo con PERFIL apuntó contra un convenio que realizó San Isidro con la Universidad de San Martín para contratar personal con un 10% de comisión. “Esto lo fueron ampliando sistemáticamente hasta julio de 2025. En ese año el monto total de lo que se pagó fueron 12 mil millones de pesos, unos 10 millones dólares, de los cuales un millón fue a la Unsam”, acusa Pérez. Y agrega que los concejales opositores no cuentan con más información por ello recurrieron a una denuncia ante el Tribunal de Cuentas. “No contrataron especialistas. Eso hay en el municipio. Hay ñoquis y se están pagando campañas políticas. Sabemos que hay nombramientos irregulares”, asegura.
Desde la intendencia dijeron a este diario “al asumir la gestión municipal el Departamento Ejecutivo se enfrentó a un escenario de procedimientos administrativos muy fragmentados, información de gestión dispersa, incompleta o inexistente, duplicación de tareas y una absoluta ausencia de mecanismos de control y seguimiento consolidados”. Por ello, según argumentan, “se constató una alarmante insuficiencia de infraestructura tecnológica y una limitación crítica en el personal municipal de planta, donde una gran parte de los agentes poseía un manejo informático básico sumamente limitado o inexistente. Ante este vacío de capacidades y la imposibilidad de reasignar al personal existente sin resentir los servicios, la contratación de una institución técnica especializada no fue una decisión discrecional, sino una medida de carácter urgente e insustituible”.
Otro punto polémico es la cantidad de empleados del municipio. “Nombraron más de mil personas más desde que asumieron. Cuando terminó la gestión de Posse había 5753 empleados. Hoy el municipio hay 6823 empleados a marzo de este año. Pero suponemos que son más hoy”, denuncia el radical Pérez. Y agrega que unos 250 directores general con cargos que van desde los $6 millones a los $25 millones. “Con Posse teníamos menos de 50 cargos jerárquicos”.
A modo de respuesta desde la intendencia le expresaron a PERFIL: “La planta permanente municipal es hoy menor que durante la gestión anterior, pasó de 2.820 empleados en 2021, durante la gestión de Gustavo Posse, a 2.670 en 2025, una reducción de 150 trabajadores”, informaron. Si se suman contratados suman 6.489 empleados, revelan.
Otro eje polémico es el hospital central. Según denuncia la UCR “no tiene insumos, no funcionan los ascensores y tiene un gran faltante de médicos”. Pérez agrega: “Contrataron una empresa genérica para arreglarlos y anda uno de los ocho. Y ahora tienen que volver a licitarlo”, cuenta a PERFIL. Y detalla que se arregló “mal el cielorraso” y eso los perjudicó. Desde el municipio aseguran que están “modernizando” el hospital para “revertir el deterioro acumulado durante años y garantizar condiciones de funcionamiento”. Y señalan que “los 4 ascensores destinados al traslado de pacientes están operativos, al igual que el que presta servicio a Hematología, Oncología y Otorrino”. “En los últimos años, el Municipio destinó más de USD 4 millones a equipamiento, además de obras y mejoras de infraestructura prioritarias, entre ellas la reparación de cubiertas y filtraciones”.
También hay polémica por las tasas que cobra el municipio, un tema excluyente para el mundo libertario. Según la UCR hubo un incremento de casi el 400%, por encima de la inflación de los últimos 30 meses. Y en patentes también hubo incrementos por encima de la inflación: “Aumentaron la alícuota hasta el 2%, pero después aumentaron a 3,5% y pagaron los vecinos”, dice Pérez. Cerca de Lanús respondieron que “la principal tasa es el ABL, que nunca aumentó más que la inflación”. Y se “eliminaron 400 tasas”.
Finalmente, en la oposición apuntaron a la gestión que había tenido el intendente cuando estuvo al frente del AABE, el organismo que maneja bienes de Nación. Un informe de la Sigen señaló que el Estado habría perdido alrededor de US$ 76 millones por subastas de inmuebles realizadas entre 2017 y 2018 a valores inferiores a las tasaciones oficiales. “Nunca tuvo ninguna citación, incluso la mayoría de las causas fueron archivadas”, dijeron cerca del intendente.
