El ex jefe del Ejército César Milani quedó procesado ayer por la desaparición en 1976 del soldado Alberto Agapito Ledo, acusado de los delitos de “encubrimiento y falsedad ideológica”. Así lo resolvió el Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán, que también lo embargó por $200.000. El titular del Ejército durante el kirchnerismo afronta un complicado cerco judicial. Esta semana se confirmó que seguirá preso por el secuestro y tormentos de tres personas en La Rioja, expediente donde también se lo va a investigar por asociación ilícita.
La causa Ledo le estalló a Milani en 2013 mientras se tramitaba su nombramiento, impugnado entonces por distintos organismos de Derechos Humanos. Sin embargo, recién se presentó a indagatoria este 14 de febrero, poco después que asumiera la causa el juez Fernando Luis Poviña. El magistrado sostuvo que Milani encubrió al capitán Esteban Sanguinetti -acusado por la privación de la libertad y el homicidio de Ledo- al firmar el acta de deserción del joven, que se encontraba cumpliendo el servicio militar.
Ledo, estudiante de historia en la Universidad Nacional de Tucumán, desapareció el 17 de junio de 1976 cuando salió junto a Sanguinetti en una patrulla por el monte tucumano. De acuerdo al juez, “confeccionó falsamente el acta de deserción del desaparecido soldado Ledo, con la finalidad de encubrir el hecho delictivo y la responsabilidad de sus perpetradores”.
En su indagatoria, Milani negó haber conocido al joven y desconoció su firma del acta de deserción, aunque no descartó que fuera la suya. Por entonces, subteniente de la unidad, a poco de egresar del Colegio Militar, tenía la facultad de firmar ese trámite en caso de ausencia de sus superiores. El acta con la firma adjudicada a Milani -fechada el 29 de junio de 1976- es motivo de atención. Se le atribuye haber insertado declaraciones falsas para justificar la deserción.
En diálogo con PERFIL, el abogado defensor Gustavo Feldman, anunció que recurrirá la resolución. Cuestionó las “valoraciones caprichosas” de las constancias que hace el juez y consideró que el acta “no es un documento genuino” para demostrar falsedad ideológica. “Es materialmente tachable”, consignó.
En tanto, el CELS se mostró satisfecho por la medida con reparos. “Esta decisión debió haberse adoptado hace mucho tiempo”, dijo Diego Morales, del área legal.
