Proponen que obispos y arzobispos presenten declaraciones juradas

El presidente del bloque de Diputados de la Concertación, Hugo Nelson Prieto, presentó un proyecto de ley donde propone que los arzobispos, obispos, y el secretario general del Episcopado sean incluidos dentro de los "funcionarios públicos" que deben presentar sus "declaraciones juradas", para lo cual se prevén modificaciones a la ley 25.188 de Ética Pública.

El diputado nacional por Neuquén recordó que las diferentes normativas de sostenimiento económico hacia la Iglesia que fueron sancionadas en los últimos años indican que "con excepción del decreto 1216/03, todas ellas fueron emitidas bajo gobiernos militares". "El 90 por ciento de las leyes que estipulan algún tipo de financiamiento a la Iglesia Católica tienen origen en dictaduras militares, es decir, no son estrictamente leyes", aseveró Prieto.

Y añadió que lo que se intenta es que "del mismo modo que numerosos funcionarios estatales, que por el hecho de cobrar un sueldo del Estado deben presentar sus declaraciones juradas, los funcionarios eclesiásticos que cobren sueldos provenientes de fondos públicos también las deban presentar".

Por ejemplo, la ley 21540, sancionada el 25 de febrero de 1977, estableció que los arzobispos y obispos debían recibir una jubilación equivalente al 70% del sueldo de un juez nacional de primera instancia. Dos años después, la ley 21950 subió el sueldo de los mismos dirigentes religiosos -en ejercicio- al 80 por ciento de un juez nacional de primera instancia. La única norma sancionada en democracia -que según Prieto no resulta la norma más importante en la temática- fue dictada por el ex presidente Eduardo Duhalde que, "si bien era constitucional, no había sido elegido popularmente", opinó el radical K.

El proyecto de ley presentado por Prieto, ya ingresado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y a la de Relaciones Exteriores y Culto, estipula un plazo de 30 días para que los funcionarios eclesiásticos que estén actualmente en funciones presenten sus declaraciones juradas. El plazo es el mismo que al momento de sancionarse la Ley de Ética Pública se dispuso para que los funcionarios que se encontraban en funciones presentasen sus declaraciones.

Hace algo más de un año, también proveniente entonces del oficialismo, otro proyecto preocupó a la Iglesia Católica. Se trataba de una iniciativa de la senadora formoseña Adriana Bortolozzi, quien había sugerido  que el Estado deje de financiar a la Iglesia Católica, al modificar su status jurídico.

Prieto manifestó que esto es sólo un primer paso, dado que este proyecto debe entenderse como un "avance hacia la igualdad". "Debería analizarse si la disposición del artículo 2 de la Constitución Nacional es compatible con una idea fuerte de igualdad, ya que sólo se financia uno de los tantos credos religiosos", sugirió.