El Gobierno nacional presentó en noviembre el proyecto de ley para combatir la violencia en el fútbol y castigar a los barrabravas y que recibió media sanción de la Cámara de Diputados. De acuerdo al texto al que tuvo acceso PERFIL, la iniciativa tiene como objetivo “instrumentar un régimen penal especial en materia de espectáculos futbolísticos denominado ‘Régimen Penal y Procesal para la Prevención y Represión de Delitos en Espectáculos Futbolísticos’”.
Tras el escándalo por la suspensión de la final de la Copa Libertadores a raíz del ataque contra el micro que transportaba a los jugadores de Boca Juniors, el Gobierno decidió reflotar un tema que ya había llegado al Congreso en 2016, pero que caducó por la postergación de su tratamiento ante la falta de acuerdo entre los distintos sectores políticos.
El ámbito de aplicación de la ley incluye a “espectáculos futbolísticos nacionales e internacionales, amistosos y hechos que se cometan con motivo, en ocasión o vinculados a la realización de los mismos, contemplando prácticas, entrenamientos, y traslados concurrentes o protagonistas, resultando indistintos los sitios y los momentos en los cuales la violencia pueda tener lugar”. Con esta norma se prevé un “agravante genérico de la pena” para los delitos que ya están contemplados en el Código Penal que son cometidos en el marco de un espectáculo futbolístico, explicó PERFIL el pasado 28 de noviembre.
El proyecto contempla penas de entre tres y doce años de prisión para quienes realicen intimidación individual o grupal, con el agravante del uso de armas de fuego. Para quienes tuvieran en su poder armas blancas, piedras, botellas u otros instrumentos contundentes, artefactos químicos, de pirotecnia; o cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para intimidar, ejercer violencia o agredir, habrá una pena de entre tres y diez años de prisión, según la gravedad de los hechos.
La iniciativa apunta también hacia los “organizadores, protagonistas o responsables de la emisión y distribución de entradas a espectáculos futbolísticos, que las provean, sin pagar el precio correspondiente” y los pena con entre dos y cuatro años de prisión. Asimismo, serán penados quienes realicen venta de entradas sin autorización con prisión de entre un mes y un año, aunque se contempla la duplicación del castigo si eso se produce en las inmediaciones del estadio.
D.S.
