Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola encabezaron ayer la octava ronda de alegatos del juicio oral y público en el que se investiga el direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz. Allí volvieron a aportar pruebas sobre el involucramiento de la entonces presidenta Cristina Kirchner en las maniobras y la responsabilidad de otros exfuncionarios como Julio De Vido.
Mola sostuvo que es imposible que la responsabilidad no fuera de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner. “Se ha corroborado que la decisión dependió de los exjefes de Estado. Constituyó un aporte doloso que permitió los llamados a licitación y el flujo de fondos”.
Entonces, citó una carta abierta de la actual vicepresidenta a través de un artículo de Página/12 para ejemplificar su punto. “Si algo tengo en claro, es que el sistema de decisión en el Poder Ejecutivo hace imposible que no sea el presidente el que tome las decisiones de gobierno. Es el que saca, pone y mantiene funcionarios”.
“No es fácticamente posible que no prime la opinión de cualquier otra persona que no sea el presidente a la hora de las decisiones”, concluyó.
Luciani, en tanto, se refirió al papel de Lázaro Báez y remarcó que “todos los miembros de la asociación ilícita sabían quién era y qué representaba, él era Néstor y Cristina Kirchner”, destacó el fiscal al analizar las funciones que presuntamente cumplían los acusados.
“Hubo voluntad de cumplir todos los roles asignados para llevar a cabo el plan criminal”, agregó, al mismo tiempo que especificó que se mantuvieron en sus “respectivos cargos durante 12 años” para continuar con el fraude.
“La jefa de esta asociación fue Cristina Fernández, como presidenta de la asociación, con autoridad sobre otros miembros”, señaló Luciani. Cuando Austral Construcciones estaba por cerrar, el funcionario judicial dijo que “la señora digitó celosamente el plan limpiar todo”, haciendo referencia a cómo la llamó José López en sus chats.
En otro tramo de su alocución, Mola apuntó contra el exministro de Planificación y Obras Públicas de la Nación, Julio De Vido. “Se le atribuía la competencia para entender en la administración de los fondos asignados a cada una de las áreas de su competencia”, relató el fiscal.
Y especificó: “Eso incluía el cuidado de los fondos asignados a la Secretaría de Obras Públicas y a Vialidad”. En ese sentido, subrayó que el exfuncionario “poseía competencia para intervenir en la determinación de objetivos políticos y la planificación de la obra pública en materia vial”.
“Las 17 obras que no fueron informadas al Congreso y que no figuran en el Presupuesto fueron contratadas por 2.547 millones de pesos, es una enormidad cuando lo pensamos en dinero de hoy en día”, agregó Mola.
Además, añadió que De Vido tuvo injerencia en los pedidos y recibió advertencias de los auditores de la AGN que le dijeron que se habían “relajado los controles”. “Tenía todo enfrente, veía todo y miraba para otro lado para aparentar no ver nada”, lanzó.
