María Julia Alsogaray falleció este domingo en su casa a los 74 años, luego de haber luchado contra un cáncer de pancreas que la mantuvo internada las últimas semanas. La ex funcionaria se transformó en un ícono de la corrupción menemista y enfrentó ocho juicios orales, cifra récord para la Argentina.
Su padre fue el liberal Alvaro Alsogaray, funcionario de la Revolución Libertadora -que derrocó a Juan Domingo Perón-, ministro de Economía de Arturo Frondizi (cargo desde el que acuñó su célebre frase "hay que pasar el invierno") y luego del gobierno provisional de José María Guido. También fue embajador argentino ante Estados Unidos durante la "Revolución Argentina", con Juan Carlos Onganía como presidente de facto.
María Julia ganó su primera banca en el Congreso en el año 1985 por la UCEDE (Unión del Centro Democrático), partido que fundó su padre. Desde ese momento hasta el fin del menemismo, la ingeniera permaneció en cargos públicos, a pesar de su prédica liberal y antiestatista. Carlos Saúl Menem le encomendó como primera tarea la privatización de ENTEL, empresa telefónica del Estado. Por dicha acción, fue investigada y condenada a cuatro años de prisión.
Más adelante, fue secretaria de Medio Ambiente, cargo desde el que prometió "limpiar el Riachuelo en 1000 días", y aseguró que la gente nadaría en esa agua.
La de ENTEL no fue la única privatización que tuvo a cargo María Julia. Más tarde, el riojano le encargó que la siderurgica estatal SOMISA pase a manos privadas. Quien se hizo cargo fue el grupo Techint.
Condenas judiciales. Fue condenada por primera vez en el año 2004, por el Tribunal Oral Federal Nº 4, con una pena de tres años de prisión. Además se remató su petit hotel en la calle Junín, el primer departamento que se compró durante el menemismo.
Al mismo tiempo, se abrió la famosa causa por los sobresueldos, donde la misma ministra reconoció haber cobrado más dinero estatal que el que le correspondía, con el estricto consentimiento del por entonces presidente Carlos Menem.
En 2014, fue condenada en una nueva causa, esta vez a cuatro años de prisión por contratos de fin de obra firmados durante la privatización de ENTEL. Al año siguiente fue absuelta por la transferencia de hectáreas pertenecientes a la compañía telefónica, pero ese mismo año, en otra causa de la misma empresa, fue condenada nuevamente a otros cuatro años. Esta vez era por irregularidades en la privatización.
Una nueva causa la condenó en 2013: "irregularidades en la contratación de pasantes". Allí, la funcionaria habría defraudado al Estado por 6.972.724 pesos en pasantías no concretadas, en connivencia con la universidad de Lomas de Zamora.
