El primer ministro español, Mariano Rajoy, emprendió su primer viaje a Latinoamérica, con México y Colombia como destinos, con la intención de respaldar las inversiones de las empresas españolas en la región, sacudidas por la expropiación de YPF, anunciada ayer por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El jefe del Ejecutivo español tiene previsto participar en el Foro Económico Mundial para América Latina que se celebra en Puerto Vallarta (México) y el jueves viajará a Bogotá.
Según explicaron fuentes del gobierno español a la agencia EFE, el objetivo del viaje de Rajoy es reforzar los lazos entre España y Latinoamérica, en especial considerando la epansión regional frente a la crisis que vive el país europeo. Sin embargo, la reciente decisión del gobierno argentino de intervenir en la composición accionaria de YPF se impone entre los temas a sobrevolar junto a los dirigentes con los que se reunirá el líder del PP.
Nuevo aliado. En este contexto, México parece convertirse en el nuevo “país amigo” de España. Tanto es así, que el presidente Felipe Calderón fue uno de los primeros jefes de Estado en opinar sobre el caso Repsol-YPF, luego de conocerse la medida argentina.
Según publicó el diario ABC, el jefe de Estado mexicano lamentó la decisión argentina e hizo "votos por que Argentina" rectifique una medida que calificó de "muy poco responsable y poco racional".
"No le va hacer bien a nadie, ya no digamos a los inversionistas de Repsol, sino a los argentinos", opinó Calderón. "Todos los países en desarrollo necesitamos inversión, nadie en sus cinco sentidos invierte en un país que expropia las inversiones", apuntó.
"Argentina necesita inversiones, incluso hasta para producir más petróleo, y el peor incentivo para un inversionista es ver que un país esté expropiando las inversiones allí", prosiguió
Semanas atrás, ese país, junto a Estados Unidos y la Unión Europea presentaron ante la Organización Mundial del Comercio una declaración conjunta manifestando su "gran preocupación" por las restricciones al comercio impuestas por Argentina desde 2008.