Cristina Kirchner recibió ayer otra pésima noticia para su futuro judicial, ya que la Cámara Federal de Casación Penal confirmó al juez federal Claudio Bonadio al frente de la causa penal por las ventas de dólar a futuro, en la cual se encuentra procesada.
Hace dos semanas, Bonadio procesó a la ex Presidenta “por administración infiel en perjuicio de la administración pública”, junto al ex ministro de Economía Axel Kicillof y al ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli.
En paralelo, Bonadio también amplió ayer los alcances de la investigación por “Los Sauces”, la firma de la familia Kirchner. Ayer ordenó al titular de la AFIP, Alberto Abad, que investigue las relaciones entre la familia Kirchner y una seria de empresas de Cristóbal López y Lázaro Báez. El magistrado investiga estos vínculos en la causa denominada “Los Sauces SA”, por supuesto enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos contra Cristina Kirchner. Esta sociedad se creó para inscribir propiedades de los Kirchner y alquilarlas a empresas de dos de los empresarios más favorecidos durante los gobiernos kirchneristas. Por eso, la diputada Margarita Stolbizer denunció que estos alquileres podrían encubrir pago de sobornos.
El magistrado quiere que la AFIP determine “la coherencia de las relaciones comerciales” entre Los Sauces S.A., sus inquilinos y toda la familia Kirchner, incluidos Máximo y Florencia, su padre y la sucesión de bienes de Néstor Kirchner. La AFIP deberá incluir en el informe cómo los accionistas –los cuatro miembros de la familia Kirchner– de Los Sauces SA se distribuyeron los dividendos de la sociedad.
También investiga a Osvaldo Sanfelice, socio de la familia, y a sociedades que no serían inquilinas pero que están relacionadas con el caso. Le dio al fisco un plazo de 30 días y pidió que analice estas relaciones entre 2006 -cuando Néstor aún vivía- y 2015.
Durante ese período, Los Sauces SA -una firma que lleva el mismo nombre de uno de los hoteles de la ex presidenta- adquirió varios inmuebles en Puerto Madero, Río Gallegos, El Calafate y El Chaltén (Santa Cruz). Algunas de esas propiedades fueron alquilados a las empresas de estos dos contratistas públicos.
