Luego de que la vicepresidenta Cristina Kirchner insistiera la semana pasada con la necesidad de avanzar hacia una reforma en el sistema de salud, un estudio realizado por la consultora Poliarquía revela que un 58% de los encuestados no está a favor del proyecto.
Según los resultados del sondeo, realizado entre 1.500 casos a nivel nacional del 19 y el 21 de junio, existe un "amplio rechazo" a la intención de reformar el sistema de salud, dándole mayor intervención al estado.
El 58% de los consultados se mostró en desacuerdo con la propuesta de la vicepresidenta, mientras que el 29% se pronunció a favor, y el 13% dijo no estar en condiciones de responder.
Entre los afiliados a las obras sociales el rechazo a la reforma alcanza el 57% y entre los asociados a las prepagas al 71%. En esa línea, un tercio de los votantes del Frente de Todos (33%) tampoco está de acuerdo con esta propuesta, mientras los de Juntos por el Cambio el 83% está en desacuerdo.
Asimismo, el 71% de los consultados piensa que una reforma del sistema de salud no debe ser decidida por el Gobierno, sino que requiere una amplia discusión en la que participen especialistas, la oposición y los responsables de las obras sociales y la medicina prepaga.
La muestra fue delimitada a 40 localidades de todo el país, de acuerdo con criterios probabilísticos, polietápicos y estratificados no proporcionalmente según la región y luego ponderada a fin de otorgar a cada localidad el peso que le corresponde en el total del conglomerado.
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Funcionamiento del sistema de salud
El estudio estadístico reveló, además, que el 45% de los entrevistados opinó que el sistema de medicina prepaga funcionaría peor si se impusiera una reforma con mayor injerencia del estado, frente al el 17% que cree que funcionarían mejor.
En el caso de las obras sociales el resultado de la tendencia fue similar: el 45% dijo que se desempeñarían peor, contra el 21% que cree que funcionarían mejor.
En tanto, el 63% rechazó la posibilidad de que los aportes que realizan los asociados a las prepagas y los afiliados a las obras sociales sean administrados por el Estado, mientras que solo el 20% lo consideró adecuado.
Por último, se le consultó a la población por diversas situaciones que podrían suscitarse si hubiera mayor intervención estatal en el sistema de salud.
El 55% se mostró en contra de que la autoridad pública diera autorizaciones para realizarse estudios y diagnósticos, el 66% estuvo en desacuerdo que la red de prestadores de las obras sociales y las prepagas las armara el Estado, y el 69% desaprobó que los turnos médicos y de internación sean administrados por reparticiones públicas.
CI/FL
