La Comisión de Presupuesto y Hacienda inició la discusión sobre el Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, una iniciativa que se encuentra dentro de las prioridades parlamentarias del Frente de Todos en el corto plazo.
La reunión presidida por el titular de la Comisión, Carlos Heller, comenzó con un pedido de la oposición para que sea citada la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, para conocer "sobre qué base estamos", planteó el diputado formoseño Ricardo Buryaile quien dijo estar interesado en conocer la cantidad de contribuyentes y el estimado de la recaudación que puede tener el aporte una vez que se lleve a la práctica.
Según explicó Heller, las cifras planteadas que indican que afectará a unos 12 mil contribuyentes con una recaudación de unos $300 mil millones se tomaron en base a "estimaciones" sobre declaraciones de años anteriores, ya que la AFIP mantiene la "confidencialidad" de los datos de los contribuyentes.
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De acuerdo al cronograma de trabajo planteado por el titular de la comisión, Marcó del Pont podría hacerse presente en la próxima reunión que se convocaría para el martes o miércoles de la semana que viene, el mismo día que está previsto sacar dictamen para llevar lo antes posible al recinto, dijo Heller.
Con el despliegue de las exposiciones se abrió una polémica entre el oficialismo y la oposición que ya se venía dando de manera mediática y hoy se trasladó a la discusión institucional acerca de si se trata de un aporte voluntario o un impuesto.
Buryaile fue el primero en referirse al "impuesto" que pretende imponer el Gobierno nacional y fue corregido por Heller: "Es un aporte", le advirtió. El formoseño prosiguió con la conversación y le aclaró "no me va a convencer presidente, pero lo voy a dejar con la suya", a lo que el banquero le resaltó que "estamos tratando un proyecto que es un aporte".
De acuerdo a la lectura de Buryaile, "si es aporte puede ser voluntario y acá estamos hablando de un instituto que se impone por ley, y quien recauda es la administración federal, donde tiene un período de tiempo".
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Más tarde, el referente económico del bloque radical Luis Pastori insistió con la misma postura y recalcó que "claramente estamos en presencia de un impuesto, por más nombre que quieran ponerle. Se trata de un tributo, más cuando confirman que es obligatorio. Es una ley, es de carácter coactivo, está expresado en dinero, para ayudar a solventar el gasto público, y no tiene una correspondencia directa con un beneficio para el contribuyente, lo que caracteriza al impuesto con diferencia a las tasas y a las contribuciones especiales”.
El misionero explicó también que "los impuestos pueden ser ordinarios, sin tiempo límite de vigencia, o pueden ser extraordinarios, por un tiempo limitado, como es este caso, por única vez”.
En vista de que las alocuciones opositoras iban marcando el mismo punto, Heller optó por señalar: "Vamos a ponerle la palabra 'obligatorio' para terminar con la interpretación de algunos de que como es un aporte, podrá ser voluntario", indicó.
El diputado Marcelo Casaretto, titular de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, defendió el proyecto y argumentó que "no le podemos pedir esfuerzo a los trabajadores, a los jubilados, a los sectores vulnerables, tenemos que pedirlo a quienes hoy están en una menor situación relativa".
“Es un aporte de características extraordinarias que llega en un momento extraordinario del país y del mundo”, aseguró la diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos, sobre la iniciativa que se pagará por única vez y que prevé alcanzar entre 12.000 y 10.000 personas físicas (0,02% de la población) cuyos bienes al 31 de diciembre de 2019 sean iguales o superiores a los 200 millones de pesos.
El texto original contempla que para las personas cuyos bienes se encuentren en el exterior, las alícuotas son un 50 % mayores. Aunque se prevé incorporar la modificación de que si el contribuyente trae al país el 30 % de sus tenencias financieras declaradas en el exterior, en un plazo de 60 días tras la publicación de la ley en el Boletín Oficial, el diferencial se elimina y paga por todo como si lo tuviera en el país.
En este sentido, la legisladora -que colaboró en la elaboración del proyecto- vinculó el aporte extraordinario con la desregulación financiera, y con la evasión, el fraude fiscal y la fuga de capitales de los sectores más ricos. “El 80% de la riqueza declarada por el universo de contribuyentes abarcados por el aporte extraordinario está en el exterior”, precisó, en base a datos oficiales. “Significa que los 12.000 más ricos de Argentina mantienen el 80% de la fortuna que declaran fuera del país”, reforzó.
Por su parte, el vicepresidente de la comisión Luciano Laspina (PRO) puso el foco en que Heller "avisó que los inversores extranjeros que tienen acciones de empresas argentinas también pagarán el impuesto extraordinario" e ironizó a través de redes sociales luego: "Descanso en la inteligencia del lector para medir el costo-beneficio de esa decisión".
