Cristina Fernández de Kirchner arrancó el mes con una buena noticia en el plano judicial. Luego del pedido de sobreseimiento del fiscal Guillermo Marijuán en la causa conocida como la "ruta del dinero K", el juez federal Sebastián Casanello decidió sobreseerla ante la ausencia de acusación.
El magistrado firmó una resolución a la que tuvo acceso PERFIL. Allí sostuvo que como juez se ve limitado en su jurisdicción a conocer y decidir un caso dentro del marco y con los alcances planteados por las partes. Es decir, recordó que no puede ir más allá de las pretenciones requeridas por la acusación, que el 24 de mayo pasado había retirado sus pretenciones respecto de la vicepresidenta.
El sobreseimiento llegó luego de que el magistrado también le pidiera opinión a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que la semana pasada también habían pedido el sobreseimiento en sintonía con lo expresado por el fiscal.
Según confirmaron a PERFIL fuentes judiciales, el magistrado también decidió no convalidar un intento de la Asociación Civil Bases Republicanas por convertirse en querella y frenar, una vez constituidos, el sobreseimiento que se esperaba tras la decisión de la Fiscalía.
Días atrás, por medio de una resolución de casi 50 páginas, Marijuán había señalado "la ausencia de elementos que permitan sostener la imputación que se dirigiera contra Cristina Elízabeth Fernández" en la causa por lavado de activos iniciada hace una década.
Guillermo Marijuan: un fiscal atrapado en la grieta
La causa y la supuesta vinculación de la actual vicepresidenta fue sostenida en la Justicia con un impulso paralelo en los medios de comunicación. La dirigencia opositora de Cambiemos, a su vez, no dudó en utilizarla como caballito de batalla de cara a las presidenciales del 2015.
Casanello rechazó un intento para evitar el sobreseimiento
El sobreseimiento de la vicepresidenta llegó junto a otra resolución de Casanello en la que declaró inadmisible el pedido de ser tenida como querellante que había presentado días atrás la Asociación Civil Bases. Ahí, Valeria Viola, presidenta de la entidad, cuestionaba el pedido de sobreseimiento firmado por Marijuán y acusaba a la vicepresidenta.
Esa presentación había provenido de la asociación presidida por la consejera de la Magistratura Jimena de la Torre, una exfuncionaria de Cambiemos. Pero además de ella y Viola, esa entidad está integrada, entre otros, por el abogado Pablo Nocetti, ex jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich; por el expresidente del Banco Provincia Juan Curutchet y el ex secretario de Legal y Técnica de Mauricio Macri, Pablo Clusellas, según consta en el sitio web oficial.
Pero al resolver sobre el planteo, Casanello fue elocuente. En primer lugar, expresó que el escrito tenía "una serie de deficiencias que obstan a la admisibilidad de la presentación" desde lo formal. Y explicó que "no acompaña poder especial alguno ni acta de asamblea que exprese válidamente la voluntad de presentarse como querellante en este proceso". Por el contrario, el magistrado identificó un acta sin información referida al pedido para querellar y de fecha anterior al dictamen fiscal que motivó la petición.
Ruta del dinero K: la AFIP y la UIF también solicitaron el sobreseimiento de Cristina Kirchner
El juez también señaló como impedimento que "acontece a más de diez años de iniciado el trámite, en un momento donde el proceso ha quedado sin acusador y con un objetivo puntual: solicitar la nulidad del último dictamen fiscal". Para Casanello, esa demora "conspira contra la demostración de la calidad de ofendida y en todo caso exhibe como real motivación un profundo desacuerdo con una posición concreta asumida por el Ministerio Público, de acuerdo a lo que supo PERFIL.
Como tercer argumento, el juez sostuvo que la presentación "también fracasa en orden al derecho que invoca".
Ello porque no se acreditaron los requerimientos previstos para establecer que Bases fue particularmente ofendida y afectada por los hechos investigados en la causa. "La asociación Bases tampoco ha podido demostrar en su presentación la calidad exigida, ni un mejor derecho que los anteriores", señala la resolución, en referencia a otros pretensos querellantes que se presentaron en el pasado.
El recorrido de una ruta ¿que no era K?
Vale recordar que la causa por la llamada "ruta del dinero K", como la denominaron mediáticamente, tuvo cuatro elevaciones a juicio oral entre 2017 y 2020, donde la Justicia decidió enviar a proceso a varios de los implicados como el empresario Lázaro Báez y otros como Leonardo Fariña, Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco, por lavado de activos. Pero quedó radicada una causa residual, con la supuesta vinculación de la vicepresidenta en el esquema de lavado de dinero.
En su dictamen, Marijuán había escrito en negritas que "entiendo y no tengo duda alguna, de la estrecha y directa relación personal entre Cristina Elisabet Fernández y Lázaro Antonio Báez".
No obstante, más adelante afirmó que "habiendo transcurrido más de diez años desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha que permitió ordenar la comparecencia (...) y así, eventualmente, avanzar a otro estadío procesal -el juicio- como sucediera con sus hasta aquí consortes de causa".
La vicepresidenta había sido imputada en abril de 2016 por medio de una ampliación del requerimiento fiscal tras la indagatoria de Leonardo Fariña, que era imputado colaborador. Este había confesado haber llevado adelante maniobras de lavado de activos por orden de Báez entre fines de 2010 y mediados de 2011, por medio de la aplicación de fondos ilícitos en bienes en el país y cuentas bancarias en Suiza a nombre de firmas offshore.
Fariña había mencionado a la actual vicepresidenta en su declaración al relatar un encuentro con Báez en el que este supuestamente le había contado que venía de hablar con Cristina Kirchner y que ella había preguntado si estaba sacando dinero al exterior, ante un reporte desde la embajada de Estados Unidos. "Él me dice que le respondió que de ninguna manera, pero me dice que seamos más prudentes con los movimientos", dijo Fariña.
Esa declaración generó una catarata de pedidos para que el juez llame a declarar a Cristina Kirchner, algo que fue rechazado en dos ocasiones por el juez "por no estar reunidas las condiciones legales exigidas" para ello. Pero finalmente la Cámara Federal resolvió por mayoría que sea convocada: se fijó fecha para el 18 de septiembre de 2018, día en que la expresidenta descartó haber tenido algún tipo de participación en la maniobra de lavado y movimiento de fondos ilícitos descrita.
Tras su declaración, Casanello declaró la fata de mérito y ordenó la producción de nuevas medidas de prueba, que incluyeron un exhorto a Estados Unidos sobre más de un centenar de sociedades registradas en Nevada, vinculadas al entramado ilegal. También pidió un informe a la UIF para que, entre otras cosas, diga qué interacción habían tenido Cristina Kirchner y Báez.
"La prueba recolectada no me permite avanzar más allá del estado de sospecha", sentenció el fiscal en su requerimiento firmado días atrás.
La decisión judicial aliviana el escenario judicial de la vicepresidenta a 19 días del cierre de listas de cara a las PASO, mientras espera un pronunciamiento de la Cámara de Casación respecto de la condena a seis años en el marco de la Causa Vialidad.
