Se lo puede llegar a ver recorriendo despachos oficiales. Es el poder en las sombras: teje relaciones con funcionarios, gobernadores, diputados y empresarios. No le gustan las fotos y elige un bajísimo perfil. Su empresa acumuló denuncias por irregularidades en obras públicas. Sin embargo, Santiago Riva se transformó esta semana en noticia luego de que Cristina Kirchner le adjudicara a su constructora el faraónico proyecto de un Hollywood argentino en la isla Demarchi con un presupuesto superior a $ 2.500 millones.
El proyecto de Riva SA es un edificio frente a Puerto Madero, que busca parecerse a la Argentina continental y el sector insular, con 360 metros de altura, a construir en cinco años.
La empresa fue creada por Amadeo Riva, quien falleció en mayo de este año. Patriarca de la familia, se interesó en inversiones agropecuarias (los campos de la familia hoy los maneja su hijo mayor, Amadeo, quien además se dedicó al arte) y años después invirtió en EE.UU. Fue director de Austral Líneas Aéreas y tejió buenas migas con el sector, lo que le permitió realizar obras en distintos aeropuertos: desde el Aeroparque Jorge Newbery, en la Capital Federal, pasando por el de Córdoba, Neuquén, Santa Rosa y hasta el de San Carlos de Bariloche.
Riva también se asoció con los más poderosos. Se hizo amigo de Eduardo Eurnekian, quien le hizo un lugar en la lista de accionistas de Aeropuertos Argentina 2000 (tiene el 0,85%). También se asoció con Carlos Wagner (Esuco) y con Industrias Metalúrgicas Pescarmona. Amadeo iba personalmente a cerrar los negocios. “Era durísimo para negociar y ahora su hijo Santiago heredó eso”, cuenta un funcionario porteño.
Santiago es vicepresidente de Riva SA. Se recibió de ingeniero civil en la UBA y tiene un posgrado en Administración. Si bien apenas llegó al lote de los mayores de cuarenta, se codea con los personajes más poderosos del país. Estudió en el Belgrano Day School y vivió en una casa en Barrio Parque con su familia. Hoy es quien se ocupa de cerrar los contratos, de discutir presupuestos y de hacer crecer el negocio. PERFIL intentó hablar con él pero nunca respondió los llamados.
Riva SA tiene injerencia en 13 provincias y forma parte de una segunda línea de las millonarias contratistas del Estado, un escalón debajo de las más grandes, como Roggio o Sideco. Integra la nueva generación de la Cámara Argentina de la Construcción, que también cuenta con Nicolás Caputo (el mejor amigo de Mauricio Macri) y Cristóbal López, el zar del juego K. Justamente, una de las versiones del mundo empresarial es que Cristóbal está detrás de Riva. Por lo pronto, realizó dos obras en el Hipódromo de Palermo en 2006.
La buena sintonía con el gobierno nacional también colaboró para ganar licitaciones. El Centro Cultural del Bicentenario, el Centro Federal Penitenciario del Noroeste, cientos de viviendas del Plan Procrear en Tandil y, hace poco, el nuevo edificio de YPF Tecnología, en Berisso, son algunos casos. En Santiago del Estero, el vínculo con las huestes del senador radical K Gerardo Zamora les permitió construir una terminal de ómnibus ($ 45 millones), la reparación del Hospital Independencia ($ 13 millones por contratación directa) y una cárcel ($ 11 millones como único oferente).
Riva SA también es una de las preferidas del PRO. Remodeló el foyer y el Salón Dorado del Teatro Colón (no tenía antecedentes en restauración de monumentos históricos) y el Centro Cultural San Martín, por $ 38 millones. Por la obra del Metrobus de la 9 de Julio fue denunciada por un supuesto sobreprecio de $ 200 millones. En el gobierno porteño explicaron que se imputaron en el rubro “Metrobus” gastos de otras áreas.
En Córdoba, el Frente Cívico presentó una denuncia penal por la terminal de ómnibus de la ciudad: se inundó a pocos días de ser inaugurada y no se instalaron sillas. Otro caso es el Hospital Pasteur de Villa María, que llevó cinco años. Tenía un presupuesto cercano a los $ 70 millones y pasó a más de $ 120 millones.
Otra polémica: el nuevo edificio para el Consejo de la Magistratura se adjudicó en 2009 por $ 50 millones pero, según denunció Ricardo Monner Sans, se pidió una actualización de más de $ 70 millones pero no se avanzó. “Tienen más abogados que ingenieros”, bromea un ex diputado PRO.
