La causa 1705 que se inició por una evasión impositiva de enormes proporciones, se dirige ahora con más energía hacia la investigación del presunto pago de coimas en el marco de la obra pública impulsada por el ministro Julio De Vido. Y es un hombre de la administración Kirchner, Néstor Ulloa –gerente de Nación Fideicomisos, organismo oficial que financia la obra– el que aparece con notable nitidez como la punta de un iceberg que ya afecta a lo más alto del poder y más precisamente al propio De Vido. Esa es la dimensión que le otorga a la causa el juez en lo penal tributario Javier López Biscayart en una resolución del último jueves en la que se manifestó sobre su competencia en la cuestión, ya que para el magistrado l a evasión y el cohecho se habrían desenvuelto en el mismo marco, es decir que se habría organizado una estructura ilegal o fantasma desde el punto de vista impositivo para encubrir el pago de coimas.
Sostiene el juez: “ En autos se desprenden indicios suficientes de que la asociación ilícita fiscal liderada por Adrián López –que manejaba la empresa trucha Infiniti Group– habría provisto a Skanska S.A. de facturas con las cuales se habrían respaldado erogaciones de capital para efectuar pagos ilegítimos a funcionarios públicos, simulando operaciones comerciales, que, por inexistentes, habrían generado un espurio crédito fiscal a favor de Skanska y deducciones improcedentes de la base imponible del impuesto a las Ganancias que a la misma firma le hubiese correspondido tributar”. Skanska es la empresa constructora sueca que participó de la ampliación del Gasoducto Norte, una de las obras públicas claves del ministro Julio De Vido y en donde se realizaron los pagos ilegítimos. López Biscayart afirma, además, que existe “ conexidad” entre la presunta evasión fiscal de Skanska, el cohecho denunciado y la asociación ilícita investigada.
Competencia. La resolución del juez es la respuesta a la petición del fiscal Germán Bincaz –quien a instancias de los legisladores de Recrear Eduardo Jerez y Esteban Bullrich– sostuvo que la causa debía ser remitida a la Justicia federal ya que según él, el posible cohecho debe ser investigado por ese fuero.
López Biscayart sin embargo, se amparó en el Código Procesal para desestimar el requerimiento, ya que la norma sostiene que el juez competente es el que investiga los delitos con penas más gravosas y este sería el caso, pues en la Argentina la participación de un funcionario en una evasión impositiva agravada tiene más pena que el cohecho: tres años y medio a nueve años para el primero y de un año a seis años de prisión para el segundo.
Sobre esta investigación, ya existe una causa en la justicia Federal a cargo de Guillermo Montenegro y del fiscal Carlos Stornelli que fue iniciada por el diputado del ARI Adrián Pérez. Tanto Jerez y Bullrich como Pérez, basaron sus denuncias en lo publicado por PERFIL el 26 de noviembre de 2006.
Según publicaron los matutinos Clarín y La Nación, el fiscal Stornelli dispuso investigar al propio De Vido y a dos altos funcionarios del Ministerio de Planificación Federal y a responsables de la multinacional sueca Skanska por presunto cohecho en la ampliación del Gasoducto Norte. Los sospechados –además del ministro más poderoso del gobierno- son el secretario de Obras Públicas, José Francisco López; el presidente de Enargas, Mario Fulvio Madaro, y los responsables de Skanska.
Cómo sigue. Lo más probable es que luego de las casi seguras apelaciones de las partes en el fuero penal tributario, sea la Cámara la que decida si la investigación continúa bajo ese ámbito o se muda a los tribunales federales.
¿Pero cómo llega López Biscayart al funcionario kirchnerista Néstor Ulloa? A través de la sospechada Skanska. Alejandro Gerlero es uno de los gerentes que fueron despedidos luego de los allanamientos de la AFIP que dieron la puntada inical del escándalo. Gerlero fue despedido supuestamente, por haber infringido el código de ética de la empresa sueca. Tal como lo anticipó parcialmente PERFIL el 3 de diciembre, Gerlero escribió el 28 de julio de 2005, un memorando interno de adjudicación que hoy es una prueba clave del presunto cohecho y que se publica por primera vez: “ El cliente, a través del Fideicomiso Nación (contador Ulloa), nos recomendó la contratación de la ejecución de la Ingeniería de Detalle y de los distintos manuales que solicita el pliego, a gente de su confianza, con el argumento inapelable que sería la forma de conseguir una aprobación fluida y sin problemas del proyecto ejecutivo... llegando a la conclusión que adjudicar al proveedor sugerido por el cliente era consistente con el presupuesto. Por eso es que se decide preadjudicarle el proyecto a Infiniti Group”.
