El Congreso Nacional comenzará este lunes 4 de enero de 2021 el período de sesiones extraordinarias, que se extenderá hasta el 28 de febrero y comprenderá un amplio temario que contempla la reforma judicial, la modificación del sistema de elección del Procurador, y sobre deuda pública
En las últimas sesiones ordinarias que fueron ampliadas hasta el 3 de enero, el Senado convirtió en ley en la madrugada del miércoles el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, en un debate histórico de ese cuerpo legislativo.
La ley girada al Poder Ejecutivo Nacional deberá ser promulgada por el Gobierno Nacional, para lo cual tendrá diez días hábiles que vencerán el 14 de enero. Como es de rigor, tras esa instancia llegará el paso de la reglamentación, también en manos del Ejecutivo.
En la misma jornada que esa norma se aprobó además el denominado Plan de los 1000 Días que establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.
Sergio Massa fue reelecto como presidente de la Cámara de Diputados
Por otra parte, la Cámara de Diputados dio sanción definitiva al proyecto que establece una nueva fórmula de ajuste de las jubilaciones, pensiones, y asignaciones sociales, que se calculará en base al crecimiento de la recaudación y los salarios.
Desde el lunes próximo, ya en el período de sesiones extraordinarias, el Congreso Nacional debe tratar un amplio temario que comprende la reforma judicial, la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y la autorización del Congreso para los acuerdos de deuda pública.
De todos modos, en los hechos, la actividad parlamentaria será retomada a mediados de enero tanto en el Senado como en Diputados, según informaron fuentes parlamentarias.
En la ampliación de sesiones ordinarias también fue convertido en ley el Aporte Solidario de las grandes fortunas, promulgada por el Poder Ejecutivo el 18 de diciembre pasado, que establece una alícuota progresiva del 2 al 3,5 por ciento sobre los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos.
