Cristóbal López y Fabián de Sousa no necesitaron que nadie les explicara nada. Ya conocían el ritmo penitenciario, que habían abandonado hace menos de cincuenta días. El viernes, un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal los devolvió tras las rejas. Tal como informó PERFIL en su edición de ayer, López y De Sousa fueron remitidos a las mismas cárceles donde habían pasado su estadía anterior: Cristóbal fue enviado a Ezeiza; De Sousa, a Marcos Paz. Ayer no los visitó nadie.
Fuentes penitenciarias explicaron a este diario que no fue necesario que tuvieran que pasar los controles médicos al que se somete a cualquier recién llegado. Es que “gran parte de los estudios que se les habían hecho la vez pasada aún están vigentes”, más allá de los que se puedan disponer para actualizar sus cuadros de salud, precisaron los voceros consultados. A partir de ahora, sus rutinas se acoplarán a las de los otros reos bajo el programa IRIC (ver aparte).
Según pudo saber PERFIL, López y De Sousa estaban “de buen ánimo” cuando se enteraron de que la Cámara Federal de Casación Penal, por dos votos a uno, había ordenado detenerlos nuevamente. Evitaron las fotos con una entrega acordada directamente en una sede de Gendarmería. A diferencia de la vez anterior, ahora fue Cristóbal el primero en ser arrestado y minutos después su socio.
“Están convencidos de la persecución política y la intromisión del mismísimo Mauricio Macri en el fallo. Fue una resolución confeccionada por el Poder Ejecutivo y copiada en tribunales”, dijeron a PERFIL allegados a los responsables del ex grupo Indalo.
Incluso, en el entorno de Cristóbal marcaban como una señal la manera en la que se apuraron los tiempos para esta resolución, a diferencia de otras causas.
La defensa llevará sus argumentos a la Corte Suprema de Justicia para dejar expuesto que, a su criterio, la Cámara de Casación no estaba habilitada para tratar el caso porque no se dirigía sobre una sentencia definitiva. No saben lo que puede pasar en la Corte, aunque tienen pocas esperanzas de que en esa instancia pueda revertirse la mala racha.
Mientras tanto, la defensa apostará ahora a otra causa clave: la que lleva adelante el juez Marcelo Martínez De Giorgi, donde se analiza si existió la venta del grupo Indalo cuando había una inhibición de bienes en el marco de la causa Oil Combustibles. Fue esa situación la que disparó sus detenciones. Si López y De Sousa lograran demostrar ante el juez Martínez De Giorgi que no hay pruebas de esa venta, aspiran a jugar esa carta para poder insistir en sus libertades.
Tal como había contado este diario hace unas semanas, la experiencia de la prisión había hecho reencontrar a López y De Sousa.
En las últimas semanas venían planeando una estrategia para buscar salvar sus empresas de un negro panorama. Ese diálogo ahora volvió a interrumpirse con la nueva estadía tras las rejas en penales separados. Desde ahora, se enterarán por su abogado y sus visitas de cómo avanza el concurso de Oil Combustibles, la nave nodriza de su emporio que podría irse a la quiebra
