El Gobierno realizó este martes la apertura de ofertas para la licitación de la primera etapa de obras para el desarrollo de la Red de Autopistas y Rutas Seguras que el Ministerio de Transporte llevará adelante bajo el sistema de Participación Público Privada (PPP), un contrato a largo plazo entre el Estado, que no pierde la propiedad del bien o el servicio, y el sector privado. El objetivo es atraer inversores extranjeros.
El acto, que tuvo lugar las 11 en el Salón de Honor del Centro Cultural Kirchner, contó con la participación de los ministros de Transporte, Guillermo Dietrich, y de Finanzas, Luis Caputo, y el administrador general de Vialidad Nacional, Javier Iguacel.
La cartera de Transporte adelantó que en esta instancia se presentarán las ofertas y se abrirán los sobres de certificación de calidad del oferentes, que contiene la documentación que certifica la calidad de la empresa o UTE interesada en participar. La primera apertura de sobres se relacionó con corredores viales, uno de los sectores de la construcción que más expectativa de crecimiento genera.
En la primera etapa, se beneficiarán las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Santa Fe. Los trabajos comprenden la construcción de 1.494 kilómetros de rutas seguras, 252 km de especiales, y 813 km de autopistas.
Los 10 consorcios están conformados por 19 empresas nacionales y 7 internacionales. La licitación tiene por objeto el desarrollo de la Red de Autopistas y Rutas Seguras que el Ministerio de Transporte llevará adelante bajo el sistema de Participación Público Privada (PPP).
Fuentes de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) calificaron como “positivo” al sistema PPP, e indicaron que una de las ventajas que posee es “que permite que haya más obras de infraestructura, más allá de las restricciones presupuestarias”. Asimismo, remarcaron: “El aspecto regulador y controlador del Estado va a ser fundamental”.
Proyección. La licitación lanzada en enero prevé modernizar 2.500 kilómetros de rutas nacionales y crear una nueva red de autopistas y rutas seguras de más de 7.000 kilómetros, lo que demandará una inversión estimada de 6.000 millones de dólares en los primeros cuatro años, según consignó la agencia Télam.
Legalización. La ley de PPP se sancionó en noviembre de 2016, se reglamentó en febrero de 2017 y en junio se creó la Unidad que trabajó desde entonces con los ministerios de Energía y Minería, de Transporte, Interior y Obras Públicas para llevar adelante los primeros proyectos con el sistema.
Voces en contra. Los constructores advirtieron semanas atrás que, con este sistema, los funcionarios se encontrarán con una mala noticia y es que los precios de las obras serán más caros que los que pagó hasta el 2017 la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
"Los costos se encarecen, es así, y se lo dijimos incluso al presidente Mauricio Macri", precisó en ese momento un integrante de la mesa directiva de la Cámara Argentina de la Construcción luego una reunión con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, informó el sitio de noticias TN.
"El corazón del PPP es que el contratista es responsable de prácticamente todo, el proyecto y la ejecución. Si falta piedra o la UOCRA pide más dinero, es un problema mío; si se demora la expropiación de terrenos y pierdo tiempo... cuánto tenés que evaluar todo eso hoy, necesariamente se encarece la obra", detalló el consultado.
En ese marco, el empresario consultado concluyó: “El financiamiento que aportan los privados siempre es más caro que el que puede conseguir el soberano. El Gobierno aspira a que la tasa esté dos puntos por encima; por ahí es un poco más".
