Un viejo apotegma indica que “todo lo sólido se desvanece en el aire”. Tal vez se deba agregar: “los archivos digitales también”. Así se desprende de la desaparición de los registros de los llamados telefónicos de todos los abonados de la empresa Movistar durante diez días de 2010, según consta en la investigación judicial sobre Lázaro Báez.
En un escrito al juez, el fiscal José María Campagnoli se había preguntado si la pérdida de tales registros obedecía a un dolo deliberado cometido por Movistar. Si la respuesta fuera afirmativa, se trataría de un sorprendente operativo de complicidad de una empresa privada para encubrir un caso que involucra a las más altas esferas del poder.
Todo comenzó en agosto del año pasado, cuando la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE) solicitó a Movistar que otorgara los registros de la actividad realizada en 2010 por las líneas celulares pertenecientes a Daniel Pérez Gadín –contador de Báez– y Jorge Oscar Chueco –abogado sospechado de orquestar la maniobra para lavar los fondos–. Los investigadores notaron que la actividad de los teléfonos tenía un hueco entre los diez días entre el 17 y el 27 de octubre de 2010 –fechas emblemáticas, ya que esa última jornada falleció el ex presidente Néstor Kirchner. Sin embargo, tal hueco era falaz, porque en los registros del teléfono fijo del estudio de Chueco habían quedado marcadas llamadas realizadas a su celular.
El dato era extraño. Los investigadores pidieron a personal de Movistar que volviera a revisar para que les sea entregada la información requerida, pero sólo comprobaron “la perplejidad del personal de la firma que, en una consulta preliminar y al azar con otras líneas, había recibido del sistema la misma ausencia de datos que parecía extenderse a todos los abonados”.
La SIPE individualizó entonces a 56 celulares que habían realizado llamadas a los celulares de Pérez Gadín o Chueco. Movistar volvió a informar que “ninguna de las líneas registraba comunicaciones durante esos diez días”. Ante un último pedido, Lucila Villamarín, subjefa del área de requerimientos judiciales de la compañía, prometió una llamada explicando los posibles daños al sistema que jamás realizó, según consta en el expediente.
“La pérdida de los registros de los llamados de una empresa de esta envergadura sólo tiene posibilidades ínfimas de realizarse accidentalmente –explica Esteban Di Tada, decano de la facultad de Ingeniería de la Universidad de Palermo y experto en informática–.
Esa información constituye el núcleo duro de tales emprendimientos empresarios y se resguarda en backups e incluso en servidores de otros países. El borramiento definitivo de esa información sólo puede concretarse con una voluntad muy específica de que así suceda”.
“Esa posibilidad es sospechosa –explica Henoch Aguiar, experto en telecomunicaciones y ex secretario de tal área–. Si hubiera ocurrido en un marco delictivo, podría acarrear consecuencias penales para los directivos de las empresas licenciatarias de ese servicio de comunicaciones, que podrían haber incurrido en falseamiento de la información que involucra a la seguridad pública”.
¿Es posible que una empresa multinacional de la envergadura de Movistar/Telefónica haya borrado los registros de las llamadas de los abonados del país para encubrir? ¿Se intentó ocultar llamados que iban en una línea ascendente hacia el poder? ¿Fue sólo un accidente técnico que según expertos podría ocurrir una vez entre cien mil casos?
El expediente está en manos del magistrado Sebastián Casanello. Consultada por PERFIL, la empresa contestó: “El Grupo Telefónica no realiza declaraciones relacionadas con causas que están en la Justicia. Por tratarse de un hecho judicial preferimos que sea el juzgado que lleva la causa el que informe al respecto”.
