Los casos de Lázaro Báez y de Amado Boudou, entre otros, pusieron de relieve la necesidad de la lucha contra la corrupción. En ese marco la UCR comenzó a proponer, como plataforma de campaña, la formación de una Conadep de la corrupción, una comisión especial de personalidades que investigue los casos y que aporte datos a la Justicia.
Uno de los principales impulsores de la iniciativa es el titular del radicalismo, Ernesto Sanz, quien ya recibió el apoyo de varios de los candidatos a la presidencia: Julio Cobos, Elisa Carrió y Mauricio Macri.
“Se trataría de un órgano del Poder Ejecutivo que pueda ayudar. Una suerte de amortiguador de la Justicia para que la gente se anime a hacer denuncias, que se puedan aportar pruebas y que tenga el peso de un grupo de notables que la sociedad considere intachables”, planteó Sanz.
La comisión excluiría, de esta manera, a los políticos. “Tiene que ser un espacio de confianza para la ciudadanía”, aclaró el titular de la UCR.
La Conadep remite a la histórica experiencia que en 1983 colaboró, con Ernesto Sabato a la cabeza, para que se investigaran los crímenes del terrorismo de Estado y que, dos años después, desembocó en los juicios a las juntas militares y en el libro Nunca más. “Queremos tomar en cuenta ese modelo, que fue muy bueno y un símbolo histórico. En los 80 la democracia estaba amenazada por la cultura del golpe, hoy está amenazada por la cultura de la corrupción”, opinó Sanz.
Desde la Coalición Cívica el diputado Fernando Sánchez, mano derecha de Elisa Carrió, compartió la idea, y apuntó que históricamente su fuerza ha sostenido la lucha contra la corrupción como elemento central de la democracia. “Tiene que haber un proceso similar al italiano, la Argentina está enferma de corrupción. Una Conadep implica una comisión independiente que elabora un informe, podría ser un camino”, afirmó a este diario.
Por lo pronto, hace 15 días Carrió presentó un proyecto de extinción de dominio para estatizar aquellos bienes cuyo origen no se pueda justificar. Sería un tipo de delito en el cual se invierte la carga de la prueba.
“Tiene que haber una política de Estado. Si todos los partidos estuviesen de acuerdo lo apoyaríamos”, afirmó, desde el PRO, el diputado nacional Jorge Triaca.
En ese marco destacó que el macrismo tiene varios proyectos con la idea de evitar la impunidad y de que se devuelva el dinero de aquellos que se enriquecieron ilícitamente. “Creemos que la lucha contra la corrupción tiene que ser una política de Estado, y debe darse a todo nivel, no sólo nacional, sino provincial y municipal”, planteó Triaca. “La gente tiene que darse cuenta de que cada vez que no se persigue la corrupción hay menos escuelas, menos policías o menos hospitales”, concluyó.
“En general hay buena predisposición de toda la oposición, pero cada uno quiere diferenciarse. Creo que la idea se va a ir puliendo en la medida que avance la campaña electoral”, concluyó Sanz.
Del lado del Frente Renovador, Sergio Massa, con el asesoramiento del diputado Adrián Pérez (ex Lilito), propuso un paquete anticorrupción. Entre sus medidas se incluye aumento de penas para delitos contra la administración pública, recuperación de activos e imprescriptibilidad.
Hace dos semanas, la Comisión de Legislación Penal comenzó a debatir los proyectos sobre imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Sólo la oposición dio el presente.
