En agosto de 2011, Ernesto Cirino paseaba su perro pequinés en Liniers. No sabía que eran las últimas horas de su vida. Mucho menos que la perdería luego de que su mascota hiciera sus necesidades sobre la pared de un vecino, que no resultó ser cualquiera sino Gustavo Petrinelli, cuñado de Mauro Martín, jefe de la hinchada de Boca.
El episodio terminó con una discusión y una feroz golpiza hacia Cirino por parte de unos diez barrabravas, según investigó la Justicia. Quedó gravemente herido y murió a los dos días en un hospital. Pero el episodio –que terminó con la absolución de tres barras de Boca: Martín, Maximiliano Mazzaro y Petrinelli– desencadenó una megainvestigación en la Justicia que puede llegar hasta la cúpula del poder del club e incluso revelar una oscura trama que involucra al Gobierno y al Poder Judicial, y al principal fiscal de una de las causas que más preocupan al Gobierno: Carlos Stornelli.
Es que el juez que sigue la investigación, Manuel de Campos –uno de los primeros en llegar al departamento de Alberto Nisman y el primer juez del caso–, no se detuvo en la muerte de Cirino y profundizó la pesquisa hacia el verdadero financiamiento de los barrabravas y, sobre todo, las complicidades con la cúpula directiva del club y el poder político. Tiene cientos de horas de escuchas bajo secreto de sumario, donde se probaría que los barras no trabajaban solos. Al menos tendrían protección de parte de la comisión directiva del club, explican fuentes judiciales.
La onda expansiva de la investigación tiene alcances inesperados. Unos días antes de Semana Santa, Carlos Stornelli, que investiga el origen de los fondos de la empresa madre de la familia presidencial en la famosa causa Hotesur, pidió licencia en su fiscalía. En los tribunales de Comodoro Py arden las especulaciones sobre la preocupación del fiscal por el avance de la causa de los barrabravas porque, durante la investigación, Stornelli era parte de la comisión directiva del club y responsable de la seguridad.
En el despacho del fiscal aseguran que la licencia es temporal, que retoma sus funciones dentro de dos semanas y que las especulaciones de sus propios colegas se explican por la grieta en la Justicia. En una cena, esta semana, Stornelli les confesó a viejos colegas que desde que lleva parte de la investigación de la causa Hotesur, el sector de Comodoro Py más afín al Gobierno se ha mostrado muy interesado en ensuciarlo. Y que su licencia se debe a problemas de salud vinculados a un pico de estrés. Stornelli le pidió a Eduardo Taiano que lo reemplace mientras no está y llevó en persona el escrito con su licencia a Germán Moldes para que lo firmara.
No es casual que Stornelli crea que el Gobierno está sobre él. Ayer, uno de los funcionarios que más horas de su día pasan en Tribunales y que oficia de vínculo entre el poder político y el judicial describía, en diálogo con PERFIL, una serie de impugnaciones hacia Stornelli. Cuestionaba su repentino alejamiento de Comodoro Py, acusándolo de estar preocupado por las escuchas que tiene Manuel de Campos, que lo vincularían, según el Gobierno, a la causa de los barrabravas. Nada de todo eso está comprobado aún.
En los pasillos de los tribunales aseguran que la causa que lleva De Campos es una “bomba”. Refleja, con escuchas a dirigentes del club y los jefes de los barras, una mafia de reventa de entradas millonaria. Se habla de un negocio de al menos un millón de pesos por partido de Boca y del doble en un superclásico.
Algunos directivos del club reconocen, con una sinceridad sorprendente, que la barra manejaba cientos de carnets con pases que se usaban decenas de veces y, además, regenteaban entradas para turistas. “Les cobraban US$ 1.000 por un palco en un River-Boca”, cuenta hoy uno de los directores del club, pero jura que el negocio ya está terminado.
Después de los comicios de octubre, las derivaciones políticas de la mafia que revendía entradas con la presunta connivencia de directivos del club podría trepar hasta lo más alto de Boca. Y también hacia el fiscal que investiga si la empresa de la familia presidencial se financió con fondos provenientes del lavado.
