El ex fiscal Julio César Strassera colecciona relojes. Lo apasionan su belleza, su precisión, lo que significan: asegura que lo hace porque no le teme al paso del tiempo. Ni sus ocho décadas de vida, ni recordar las casi tres que pasaron desde el juicio a las juntas militares de la dictadura –del que se convirtió, sin buscarlo, en un emblema– son lo que ocupa sus pensamientos y reflexiones en estos días. Lo que más lo preocupa –de hecho, se declara “temeroso”– es el presente: la situación del Poder Judicial, cuestionado casi permanentemente por el Ejecutivo y especialmente en el discurso de casi tres horas y media que Cristina Fernández de Kirchner dio ante la apertura del 131º período ordinario de la Asamblea Legislativa el 1º de marzo.
Democratización, cargos electivos, Consejo de la Magistratura, “coronita”, cautelares, Ganancias, corporativismo: PERFIL quiso conocer las impresiones de Strassera acerca de algunos de los términos que repitió la Presidenta –amplificados por los medios y las redes sociales–, y su visión actual sobre el rol de un poder que integra desde 1962. Aquí, sus impresiones.
—¿Qué opina sobre la democratización del sistema judicial, uno de los temas a los que más se refiere actualmente el Gobierno nacional?
—Es una mentira, un pretexto. Lo que se pretende hacer es, en realidad, que la Justicia sea un apéndice del Ejecutivo, de la misma manera que lo es el Congreso, este Congreso vergonzoso que tenemos donde a alguien como (al senador Miguel Angel) Pichetto se le escapa: “Esto hay que aprobarlo antes de las 17.30, porque lo quiere la Presidenta”. No se respetan a sí mismos, por lo que no pueden tener el respeto de nadie. A la Justicia no hay que democratizarla, no hay que hacerle cambios, porque la división de poderes está probada, funciona desde la época de Montesquieu. Sí quizá habría que crear tribunales, pero sólo en la medida de la necesidad, no tribunales afines. Nombraría jueces: hay más de 200 jueces sin nombrar. Hay jueces a los que no se nombra, como a (Analía Viganó), la mujer de (el sindicalista) Julio Piumato, que sacó el máximo puntaje, pero como Piumato está con Moyano, se le congeló la designación. Eso es canallesco. Después, claro, se arreglan los concursos.
—¿Esto no fue siempre así?
—Ha ido empeorando cada vez más. Yo estoy muy temeroso. Esto va por muy mal camino. Estamos siguiendo el camino de Hugo Chávez y Rafael Correa. Esta actitud del Ejecutivo es producto de dos reveses judiciales: las medidas cautelares sobre la Ley de Medios y la estatización del predio de La Rural, que me hace acordar a la muletilla de Chávez, “Exprópiese”.
Las cautelares se han establecido, precisamente, para proteger los derechos de una persona, que incluso, tal vez, cuando se llega a una sentencia, ya los perdió. Lo que el Gobierno nacional parece no querer son medidas cautelares contra el Estado. Hablan del “forum shopping”, la elección arbitraria de los jueces, pero tampoco pueden explicar por qué las causas más importantes contra el kirchnerismo caen siempre en el juzgado de Norberto Oyarbide. Me parece de un caradurismo increíble.
—¿Se abusa de las medidas cautelares en el sistema judicial argentino?
—Jamás se ha abusado, hasta se niegan. Habría que hacer una estadística de las medidas. A veces las niegan o a veces las conceden por una caución real suficiente. Han vuelto al tapete por los dos casos puntuales que el Gobierno perdió. Pero ésa es precisamente una de las misiones de los jueces: proteger los bienes y a las personas, por supuesto.
—¿Y el espíritu de corporación?
—Eso es otra mentira. No hay tal corporación, porque no hay nadie que haya condenado más jueces que los propios jueces, acá. Puedo dar nombres, como (el de Juan José) Galeano, pero también puedo citar otros. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Primero, es inconstitucional. Claramente, el artículo 114 dice que tiene que haber un equilibrio entre los tres estamentos. ¿Para qué se va a pedir que se elijan por elección popular, cuando los representantes de la elección popular ya están en el Consejo de la Magistratura? Es ridículo. Si los consejeros son elegidos por elección popular, los jueces pierden su carácter de control. ¿Por qué? Porque van a tener las mismas mayorías que alcance cualquier gobierno, no solamente éste. Además, de esta manera, la Justicia pierde su condición de contrapoder. No puede ser producto de la elección popular, porque está precisamente para controlar los excesos de los otros dos poderes. Esto es el ABC.
De prestigios y “coronitas” .
—Parte del discurso oficial actual está amparado justamente en que la Corte Suprema tiene un prestigio del que antes no gozaba, sobre todo gracias a quienes la integran. Y se trae una y otra vez a colación el fantasma de las cortes acólitas, como durante el menemismo.
—Creo que éste fue un error de Néstor Kirchner. Se equivocó en nombrar esta Corte, porque es una corte de prestigio. Desde hacía muchos años no teníamos una corte de este nivel. Pero parece que quieren una corte adicta, quieren unos tribunales adictos porque se está viendo cómo piensan implementar una posible reforma constitucional. Lo único que van a lograr es nombrar jueces kirchneristas que fallen a favor de todas las pretensiones del Poder Ejecutivo con lo cual la vida, la fortuna y los derechos de los ciudadanos están en serio peligro. Esto es aumentar la burocracia judicial, aumentar gastos, crear tribunales en donde los empleados los nombrarán de la Cámpora y tener jueces kirchneristas, porque los nombrarían ellos, y quizá los nombrarían como resultado de una elección. Esto está destinado a acotar los casos de la Corte.
—Esta semana, Ricardo Lorenzetti dijo que la Corte no está en contra de las medidas que impulsa el Gobierno, y que es el Gobierno el que parece estar enfrentado a la Corte.
—Creo que el problema radica en la megalomanía. La Presidenta habla tres, cuatro horas, como Fidel (Castro) y Chávez. Pretende un estilo similar. Hay temas delicados, como el intento de esclarecimiento del atentado a la AMIA. No se busca esclarecer nada con memorándums como el impulsado, sólo quedar bien con Irán. Hay una cosa que por lo menos había logrado la Justicia argentina, las circulares rojas contra los acusados. Cuando el propio canciller Timerman dice que “el único que puede pedir el cese de las circulares rojas es el juez”, falta a la verdad. El reglamento, en Interpol, se vota. Hay un inciso que dice expresamente que cesará cuando sea producto de una convención o acuerdo. Primero, la pueden levantar de oficio y a pedido de Irán. Es una mentira que las cosas quedan iguales. No quedan iguales, quedan mucho mejor. Por lo menos, no pueden salir, porque los detendrían en el país a donde arribaran.
—Durante el discurso ante el Congreso, Cristina Kirchner dijo: “Ni los jueces ni los abogados tienen ‘coronita’ para ser elegidos entre ellos”. ¿La tienen?
—No, de ninguna manera. Esto surge de la propia Constitución. De hecho, en el estamento judicial, incluso, hay un representante del Poder Ejecutivo. Es más, la composición de la Corte actual se debe a una reforma, que alteró el equilibrio, propuesta por Cristina Fernández de Kirchner cuando era senadora. Se legisla el per saltum para abreviar precisamente el paso a la Corte y quiere nombrar tres Cámaras de Casación por encima de las cámaras comunes, que lo único que van a traer son más demoras. Yo estoy alarmado porque vamos a la Justicia de Ecuador, con multas fabulosas a un periodista porque injurió a Correa, o la de Venezuela, que puso presa a una jueza por poner en libertad a alguien que, según Chávez, no la merecía.
—¿Qué opinión le merece la elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura por voto popular? ¿Qué sucede en otros países?
—En muy pocos lugares –creo que es así en Suiza, donde yo viví, y no mucho más– los jueces se eligen por el voto popular. Pero en casos de democracias como las nuestras, las cosas son distintas. Hay que mirar un poco al pasado. Fíjese en Bartolomé Mitre –ahora, que acaba de cumplirse un nuevo aniversario del establecimiento de la Corte Suprema–, que sacó a los jueces de entre sus opositores para integrar la Corte, y nombró de presidente a Francisco de las Carreras, que fue el opositor más grande de su gobierno. Es decir, nombró a su enemigo político y la Corte jamás le hizo la vida imposible. Si se persigue una medida semejante, van a poner a los jueces en situación de politizarse. Creo que todos los jueces tienen una idea política, pero que no debe traslucirse en sus fallos. ¿Tendrán que ponerse a buscar fondos para conseguir votos? En mis tiempos –yo ingresé en 1962 al Poder Judicial, como pinche–, uno ni siquiera podía afiliarse a un partido político. Yo me afilié a la Unión Cívica Radical después de que me jubilé.
Pertenecer tiene sus privilegios.
—¿Cómo toma los reclamos que piden “blanquear” las declaraciones juradas?
—Eso no me asusta, pero que se hagan públicas las de todos, las del Poder Ejecutivo también, y accesibles. De todas maneras, esto tiene una razón de ser. En principio, en todas partes del mundo el secreto de las declaraciones juradas, a menos que yo haya cometido un delito, a nadie le importa lo que tengo yo. No veo la necesidad, pero no debería ser un inconveniente que se haga. La Presidenta habla de ‘corporación’ y dice que el ingreso al Poder Judicial tiene que ser por concurso. Pues que entren a las listas, por concurso, en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo, donde la mitad de las listas están puestas a dedo.
—¿Y pagar Ganancias?
—Yo creo que es correcto. Hay un problema que es constitucional, que dice que los sueldos de los jueces son intangibles, pero se dictó una ley, y con un acuerdo se puede modificar por otra y no creo que eso sea grave. Pero eso sí: las pagamos, pero subamos el mínimo no imponible.
—¿Ve posible una reforma constitucional antes de 2015?
—Hasta ahora, no. No están dadas las condiciones y la Presidenta lo ve. Tampoco creo que se necesite una reforma. Lo peligroso es que la Constitución diga una cosa y se haga otra. Si no se obedecen los fallos de la Corte, ¿qué más se puede pedir? Tenemos una Corte muy sabia y prudente, pero se han permitido el lujo de atacar a jueces como Carmen Argibay, que ha estado presa por la dictadura.
—El panorama, entonces, lo dictan las elecciones de octubre…
—Sí, veremos cuál va a ser el resultado. La otra gran duda es la oposición, que hizo algo bien en mostrarse opositora a una reforma constitucional cuyo único objetivo es lograr una re-reelección, pero yo le tengo miedo a los apoyos. No nos olvidemos que hubo gente, como los socialistas –a quienes les tengo un profundo respeto– que apoyaron la Ley de Medios; y radicales que apoyaron la expropiación de YPF. Esto es gravísimo: que no vean el peligro y se pongan de acuerdo.
—¿Esto resulta peligroso para la democracia?
—Y… estos legisladores serviles parecen olvidarse de que están creando un sistema en el que, si las cosas se dan vuelta, puede ser utilizado en su contra. Están dejando leyes que pueden durar treinta, cuarenta, cincuenta años. También creo que una real oposición, que se digne de ser llamada así, tiene que decir las cosas francamente. A lo que más le temo es a las tentaciones políticas.
