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POLITICA /
viernes 2 agosto, 2013

Suspenden fideicomiso de uno de los represores fugados

Tenía más de 9 millones de pesos acumulados representando a militares en juicios por demandas salariales.

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Foto: Télam

El gobierno nacional congeló los fideicomisos pertenecientes al represor Jorge Antonio Olivera, quien se fugó la semana pasada del Hospital Militar, en el barrio porteño de Palermo, junto a su compañero Gustavo Ramón De Marchi.

La medida fue anunciada por el ministro de Defensa, Agustín Rossi; y su par de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, junto al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella.

El fideicomiso financiero SJ2 fue descubierto durante una investigación interna iniciada en el Ministerio de Defensa, a partir de que Olivera representó como abogado a varios militares por demandas salariales. El militar condenado por delitos de lesa humanidad tenía un estudio de abogados en sociedad con Jorge Appiani, también represor y actualmente preso en Entre Ríos.

En el marco de la revisión de uno de esos juicios, el Ministerio de Defensa descubrió que Olivera y Appiani tenían armado un fideicomiso a través del cual liquidaban la totalidad de los honorarios percibidos en los litigios. Por eso, explicó Rossi, sospechan que Olivera podría estar financiando sus gastos como prófugo con esos fondos.

"Según el balance al 31 de diciembre del 2010, el fideicomiso financiero SJ2 tenía fondos por 9.457.804 pesos, provenientes de honorarios ya regulados o pacto de cuota litis", precisó el ministro de Defensa, según la agencia Télam.

En una conferencia de prensa en el Edificio Libertador, los funcionarios informaron que también se suspendieron los CUIL y CUIT de Olivera y De Marchi y que se ampliará la denuncia para determinar responsabilidades en la fuga.

Alak anticipó que "se hará hoy una nueva presentación ampliatoria ante la Justicia, para determinar las responsabilidades que tuvieron en la fuga el juzgado que autorizó el traslado de los detenidos para su asistencia médica, el Servicio Penitenciario que realizó el traslado y las personas que se desempeñan en el Hospital Militar Cosme Argerich, que es de donde se fugaron los detenidos".

Estas medidas se suman a otras que el Poder Ejecutivo ha dispuesto desde el jueves para impedir que situaciones como esta vuelvan a repetirse, como la prohibición de que los militares condenados o procesados se atiendan en hospitales militares.

El fideicomiso fue cambiando de nombres durante los últimos años, mientras Olivera todavía estaba en prisión, según surge de los registros de la cartera de Defensa. Dado que estos fondos serían los que podrían estar financiando al prófugo Olivera, la Unidad de Información Fiscal actuó enseguida para congelar la cuenta, basándose en el artículo 306 del Código Penal por tratarse de "financiamiento para terrorismo", que en este caso sería Terrorismo de Estado, explicó el titular de la UIF, José Sbatella.

Marcha contra la impunidad. Unas 300 personas se manifestaron hoy en la ciudad de San Juan -ciudad en la que se cometieron los delitos por los que se condenó a Olivera y De Marchi- en reclamo de la recaptura de los represores.

Organizaciones de derechos humanos, como HIJOS, partidos políticos de izquierda, y victimas de la última dictadura militar recorrieron las calles céntricas de la capital sanjuanina y se detuvieron frente a los Tribunales Federales, donde realizaron un acto, bajo la consigna "No a la impunidad", informó la agencia DyN.

Víctor Carabajal, hermano de un desaparecido sanjuanino, pidió al gobierno que "la fuga de los genocidas no sea minimizada". Además, reclamó luchar "contra la mano del poder de los grandes intereses que se pusieron en marcha con complicidad de la justicia", opinó.


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