A horas de asumir, el presidente electo Alberto Fernández prepara una batería de medidas para enfrentar la crisis económica y social. Con el equipo económico finalmente definido, las decisiones apuntan sobre todo a las tarifas de servicios públicos, al crédito accesible para Pymes y al relanzamiento del programa Precios Cuidados, todo con el objetivo de reactivar el consumo. En principio, la próxima gestión estima que podrá implementarlas con acuerdos con los empresarios, sin la necesidad de recurrir a disposiciones excepcionales ni leyes.
La primera medida sería anunciada el día siguiente a la asunción de Fernández, el miércoles 11 de diciembre, y estará dirigida al sector energético. Desde el entorno del futuro ministro del área, Sergio Lanziani, afirmaron al diario La Nación que "por varios meses no habrá aumentos de tarifas". Además, entre los integrantes de la próxima gestión se descarta que ninguna empresa tomará "la decisión de subir tarifas sin una consulta con el gobierno". El encargado de que las negociaciones lleguen a buen puerto será Matías Kulfas, que estará frente al Ministerio de Desarrollo Productivo.
Para después del 10 de diciembre también se esperan anuncios vinculados con el empleo y una serie de "bonos" de fin de año para jubilados y beneficiarios de planes sociales, y el relanzamiento del plan de Precios Cuidados, según publicó Clarín, para ayudar a "que mejore la capacidad de compra de los sectores más vulnerables".
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Para el sector Pyme, volverían los créditos a tasas blandas. Se trata de las Líneas de Crédito para la Inversión Productiva (Licip) que nacieron en 2012 y estuvieron vigentes hasta 2018. Obligaban a los bancos a destinar un porcentaje de sus depósitos al financiamiento de proyectos de inversión cuyo fin sea la adquisición de bienes de capital o a la construcción de instalaciones productivas.
Por ese motivo, según publicó El Cronista, las áreas destinadas al seguimiento pyme de los bancos analizan adelantarse a la normativa para poder colocar productos en el mercado con rapidez, una vez que se conozcan los detalles. Sin embargo, la preocupación en las entidades es que la implementación sea razonable, para que "los costos y riesgos que tiene la operación" no afecten su capacidad de "administrar y gestionar sus riesgos".
DR/FF
