Un nuevo entendimiento entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria permitió este lunes al mediodía la rápida asunción de tres representantes de la Cámara de Diputados en la Auditoría General de la Nación (AGN), una decisión que volvió a encender la controversia política y judicial. El PRO, que ya había acudido a la Justicia para frenar el proceso, formalizó una impugnación ante el propio organismo de control y denunció irregularidades en el procedimiento.
La jura se concretó en un acto reservado y sin anuncio previo, ante la posibilidad de que un fallo judicial pudiera suspender las designaciones. El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, fue el encargado de tomar juramento al kirchnerista Juan Ignacio Forlón —quien inicia su segundo mandato—, a Rita Mónica Almada por La Libertad Avanza y a Cinthia Pamela Calletti, vinculada políticamente al gobernador salteño Gustavo Sáenz.
Diego Santilli defendió las designaciones en la AGN judicializadas por el PRO
Desde el PRO cuestionaron la legalidad del trámite y sostuvieron que la resolución que habilitó las designaciones “está viciada de nulidad”. El jefe del bloque, Cristian Ritondo, apuntó contra la rapidez del procedimiento y afirmó que las designaciones se aprobaron con resoluciones fechadas antes de la votación y con una acción judicial en curso. Según el partido amarillo, por la representación parlamentaria el lugar ocupado por Calletti le correspondía a su bloque.
Entre los argumentos presentados ante la Justicia, el PRO señaló que la designación de auditores no figuraba en el temario de las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo, que la moción se introdujo sin debate previo ni tratamiento en Labor Parlamentaria y que se vulneraron los derechos de las minorías legislativas. “No es una discusión política, sino de legalidad, debido proceso y respeto por la Constitución”, advirtió Ritondo.
Desde la conducción de la AGN, Olmos defendió el procedimiento y aseguró que la jura se realizó conforme a la resolución adoptada por la Cámara de Diputados. Sostuvo, además, que con la incorporación de los nuevos miembros el colegio de auditores alcanzó el quórum necesario para poner en funcionamiento pleno al organismo encargado del control externo del sector público nacional.
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La polémica también expuso tensiones internas en el PRO. El ministro del Interior, Diego Santilli, respaldó públicamente las designaciones y marcó distancia de la estrategia judicial impulsada por Ritondo. En declaraciones radiales, sostuvo que la facultad para designar auditores es del Congreso y consideró que la controversia deberá resolverse en los tribunales. Al mismo tiempo, buscó bajar el tono del conflicto interno y llamó a mantener la unidad política.
El planteo judicial presentado por Ritondo solicita la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la resolución que habilitó las designaciones, además de una medida cautelar para impedir que los auditores ejerzan funciones hasta que exista una sentencia definitiva. Mientras tanto, la AGN quedó formalmente habilitada para funcionar con su integración completa, en medio de una disputa que combina acuerdos transversales, tensiones partidarias y definiciones pendientes en la Justicia.
GD CP
